Para construir el desarrollo turístico La Ensenada, los promotores utilizarán terrenos del ejido Holbox –en la isla quintanarroense del mismo nombre– y áreas ejidales de uso común, de las cuales obtuvieron alrededor de 65 por ciento de los derechos. La inconformidad de algunos ejidatarios ante el establecimiento de un fideicomiso y la venta de las tierras llevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Tribunal Agrario, explica el abogado Fernando Chale Ku.

Una hectárea de los terrenos ejidales de Holbox –constituido en 1938 con 8 mil 860 hectáreas– en 2007 se cotizó en un millón 200 mil dólares (alrededor de 15 millones de pesos). Algunos ejidatarios recibieron 5 millones de pesos por sus parcelas. Tras la venta de los terrenos, nueve de ellos quieren recuperarlos, otros 65 ya fueron liquidados y 40 no se interesaron en vender.

En 2005 llegó a la isla el empresario Fernando Ponce, quien se convirtió en asesor del ejido, donde mediante un contrato de servicios profesionales los pobladores le pagaron con 718 hectáreas por diversos servicios prestados.

En enero del año siguiente acordó con alrededor de 70 ejidatarios la incorporación de las tierras al Fideicomiso para el Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox, que constituyó junto con su yerno, Ermilo Castilla, con la promesa de que las vendería al mejor precio del mercado, no menor a 2.5 millones de pesos, y los ejidatarios inicialmente obtuvieron 250 mil pesos, explica Chale Ku, abogado de nueve ejidatarios.

Relata en entrevista que en octubre de 2007 el empresario y su socio constituyeron en Mérida la empresa Península Maya Developments. Un año después JP Morgan, el banco fiduciario a cargo del fideicomiso ejidal, acordó con esta última empresa la venta de los terrenos en 2.8 millones de pesos.

Tenemos documentado que un posesionario en la isla vendió sus parcelas en 1.2 millones de dólares, en diciembre de 2007. Parcelas similares a las de los ejidatarios fueron vendidas en casi cuatro veces más de lo que Ponce pretendió pagarles a los lugareños, agrega el abogado.

Señala que en 2009 los nueve ejidatarios emprendieron un juicio para pedir la nulidad de la aportación de sus parcelas al fideicomiso. Esto se dio a partir de que los hijos se inconformaron por esa operación. En junio de 2010, el Tribunal Agrario resolvió la nulidad del contrato de aportación de las parcelas al fideicomiso y la venta de las parcelas a Península Maya, con lo que los ejidatarios recuperarían sus tierras.

Ante esta resolución la empresa interpuso un amparo en contra del juicio, pero dos tribunales confirmaron la sentencia. Frente a esto demandaron la inconstitucionalidad de los artículos 82 y 84 de la Ley Agraria, así como la interpretación directa del artículo 27 constitucional, por lo que el expediente llegó a la Suprema Corte de Justicia, donde aún no se resuelve, explica.

Hay otro juicio ante el Tribunal Agrario en Chetumal, donde se pide la nulidad de dos actas de asamblea ejidales que se levantaron, aunque las reuniones no se llevaron a cabo. En ellas se acepta como avecindados de la isla y como nuevos ejidatarios a 90 personas –en sustitución de los que vendieron–, pero nunca han residido en Holbox. Lo que el tribunal tiene que resolver es si esas personas reúnen los requisitos para ser avecindados y ser aceptados como ejidatarios, precisa el abogado.

Estima que Ponce realizó todos estos procedimientos para contar con las tierras necesarias para el proyecto. Al sacar a 65 ejidatarios y meter a amigos, tiene 60 o 65 por ciento de los derechos de las tierras de uso común, que son necesarias como área de amortiguamiento para que le puedan aprobar su desarrollo turístico. Por parte de la empresa no hubo respuesta a la petición de información sobre estos casos.