Moscú, 11 de noviembre. En vísperas del primer aniversario de las multitudinarias manifestaciones de protesta en Rusia, las autoridades parecen empecinadas en advertir que no habrá diálogo con la oposición política no tolerada, como se llama aquí a los adversarios del Kremlin que no tienen representación en el Parlamento, y que sus seguidores, de manera aleatoria, corren el riesgo de sufrir un severo castigo.

La anterior conclusión se desprende del reciente juicio contra Maksim Luzianin, el primero en comparecer ante un juez de los 18 detenidos por los disturbios que hubo después de la marcha de protesta el 6 de mayo anterior en Moscú.

Dueño de un gimnasio, padre de una niña pequeña y sustento único de su madre, una mujer mayor, Luzianin aceptó la propuesta de acogerse al programa de colaboración con la justicia y, por tanto, se declaró culpable de los hechos que le imputaba la procuraduría, a cambio de una supuesta rebaja sustancial de la pena, por lo común una condena con libertad condicional.

Luzianin admitió haber lanzado piedras contra la policía y haber golpeado a un elemento de las unidades antidisturbios, al que despojó de su casco, escudo y tolete cuando éste arremetía contra los manifestantes desarmados, pero se negó a suscribir la mentira de que hizo eso contratado por Aleksei Navalny, Serguei Udaltsov y otros líderes opositores con dinero foráneo.

Por ello, Luzianin, que no milita en ningún partido y asistió a la manifestación como ciudadano inconforme, recibió una condena ejemplar: cuatro años y medio de cárcel.

No es difícil imaginar lo que espera a los 17 imputados restantes, que rechazaron el programa de colaboración con la justicia y enfrentan penas hasta de 13 años de cárcel.

Hay activistas del Frente de Izquierda, liberales de Solidaridad, anarquistas, nacionalistas y hasta curiosos que aparecieron en alguna grabación de video empujando a un policía, después de que éste repartiera golpes a diestra y siniestra contra los manifestantes.

Todos son presentados como parte de una revuelta financiada desde el exterior para desestabilizar a Rusia, pero el mensaje que en realidad se quiere transmitir es que cualquier persona puede ser acusada por ello, si responde a los golpes de la policía o se niega a acusar a los líderes opositores de los delitos que les dictan las autoridades.

En ese sentido, las autoridades desecharon cuanta demanda se presentó contra los excesos de la policía, en tanto los uniformados que mejor cumplieron su labor –que más golpes repartieron, se entiende– recibieron como premio un flamante departamento, la mejor recompensa para un provinciano que anhela vivir en Moscú, la mayoría de los elementos antidisturbios.

Pero el Kremlin, obviamente, dista de encabezar una situación semejante a la que sufrió este país durante el terror estaliniano de los años 30 del siglo pasado. Por un lado, quiere neutralizar a los dirigentes de los inconformes que desafían su poder y, por el otro, toda proporción guardada, no se atreve a fusilarlos como espías alemanes o japoneses, según estilaba Stalin.

En ese contexto, la lucha por el poder en la élite gobernante se traduce en nuevos escándalos de corrupción. Junto con el caso del (ex) ministro de Defensa y sus amazonas que estalló por un lío de faldas y por la disputa de los jugosos contratos de la industria militar, acaba de ser detenido Roman Panov, viceministro de Relaciones Regionales.

Se acusa a Panov de robar cerca de 3 millones de dólares de la suma asignada para la celebración de la Cumbre de la APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, por sus siglas en inglés), celebrada en septiembre pasado en Vladivostok.

Asimismo, se informó como colofón de este fin de semana que los directivos de la empresa Sistemas Cósmicos de Rusia, responsable de la elaboración de la red satelital de ubicación geoestacionaria, GLONASS, están siendo investigados por la apropiación ilegal de 205 millones de dólares de recursos públicos destinados a financiar un sistema hasta ahora deficiente.