El subsecretario de Gobierno García Ochoa descarta el uso de la fuerza pública
Sábado 10 de noviembre de 2012, p. 3
Integrantes del denominado tercer Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), identificados con la rectora Es-ther Orozco Orozco, solicitaron de manera formal al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, la recuperación y el resguardo de los planteles y el edificio administrativo de esa de casa estudios; sin embargo, el subsecretario de Gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, advirtió que no se usará la fuerza pública.
Ayer por la noche, encabezados por Carlos Arriaga, secretario técnico del CU –considerado ilegal por la Comisión Tripartita, conformada por las organizaciones Consejo Estudiantil de Lucha (CEL), Foro Académico y Consejeros Universitarios en Defensa del Voto y la Legalidad–, entregaron en el antiguo Palacio del Ayuntamiento un documento en el que piden desalojar
a los estudiantes que mantienen ocupados los planteles desde hace más de 70 días.
Solicitan –con base a lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto de Gobierno del DF y la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina– al Ejecutivo local que gire instrucciones a las instancias pertinentes para que se garantice la entrega inmediata de las instalaciones de la UACM
.
Señalan en el documento que los planteles fueron tomados por un grupo minoritario
, haciendo uso de la violencia extrema
, y aseveran que “nuestra solicitud no implica forzosamente
que los estudiantes que ocupan las instalaciones sean violentados físicamente
.
La petición concreta es que sean desalojados y después de ello el Gobierno del Distrito Federal garantice la seguridad y el resguardo de los planteles y de todos los que desarrollamos nuestras actividades en ellos
.
Tras la toma de las oficinas administrativas, ubicadas en el cruce de las avenidas Eugenia y División del Norte, el denominado tercer CU sesionó en el edificio conocido como Casa Talavera, en el Centro.
A la sesión acudió Orozco, aunque en realidad no participó en los acuerdos tomados por los consejeros, ya que la mayor parte del tiempo lo utilizó para dar entrevistas a medios de comunicación. Tampoco tomó parte en las votaciones en que se aprobó pedir a las autoridades la recuperación de las instalaciones.
Plantean mesa de diálogo
Sobre la solicitud, Carlos Arriaga apuntó que no se pide el uso de la fuerza pública. Dijo que una de las obligaciones del Estado es garantizar la seguridad de las personas, y como lo haga es decisión
del mismo.
García Ochoa descartó por completo el uso de la fuerza pública, y apuntó que el deber del gobierno es salvaguardar la integridad de las personas
.
Explicó que la propuesta de la administración de Ebrard es instalar una mesa de diálogo en la que participarían los presidentes de la Comisión de Gobierno de la ALDF y de la Comisión de Derechos Humanos del DF.
“Los estaríamos convocando de manera pública –a través de un desplegado– para el próximo martes a instalar una mesa en la que se pudieran revisar los acuerdos que se habían firmado y cómo se les puede dar cumplimiento”, detalló.
En relación con la solicitud de las partes en conflicto para que el GDF se pronuncie, el funcionario puntualizó que el gobierno no tomará partido.
Debemos aclarar que el gobierno no es parte del conflicto, o no está a favor de alguna parte, sino que busca coadyuvar para lograr una solución. Este es un conflicto entre universitarios.
Por otro lado, durante la sesión del denominado tercer consejo también se aprobó el presupuesto de la UACM de 2012 por 925 millones de pesos, lo cual debió hacerse a principios de año. De esos recursos, más de 616 millones se gastaron de enero a octubre, y el resto es lo que se prevé erogar en los dos últimos meses del año.
También aprobaron enviar a los consejeros críticos a la rectora que no recogieron sus constancias de electos un oficio en el que se les comunica que fueron dados de baja del CU, además de que retiraron la propuesta del pase de lista de asistencia para académicos y trabajadores administrativos por la toma de las oficinas de Eugenia.