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Marcela Salas Cassani
Ocho muertos, un centenar de heridos y un pueblo profundamente indignado es el saldo de la brutal represión ordenada por el gobierno del ex militar Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, contra integrantes de los 48 cantones del departamento de Totonicapán —una comunidad conformada en su mayoría por mayas quichés— contra quienes el ejército abrió fuego cuando se manifestaban para oponerse al aumento de las tarifas de la luz, y a las reformas educativa y constitucional.
En entrevista con Ojarasca, Juana Batz, integrante de la Junta Directiva Nacional de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala y sobreviviente de la masacre, hace un recuento de lo que sucedió en Totonicapán el 4 de octubre pasado. “Ese día nos levantamos los 48 cantones. Nuestra protesta se debió a la alza de las tarifas de energía eléctrica, al intento de reforma magisterial —con la que se agregarían dos años al plan de estudios para convertirse en profesor— y a la reforma constitucional”.
Una delegación representativa viajó a la capital para intentar entrevistarse con el presidente, mientras el resto de los habitantes hizo un paro pacífico en un punto de la carretera Interamericana donde hacen intersección los cuatro caminos que van a Quetzaltenango, Huehuetenango, la ciudad de Guatemala y Totonicapán. “Tomamos esta medida”, explica Juana Batz, “porque si no bloqueamos la carretera el gobierno no nos escucha; tapamos tres puntos, yo estuve en el kilómetro 170 en donde nos juntamos alrededor de diez comunidades. Éramos más de 5 mil personas”.
Mientras unos hacían el bloque carretero, la delegación que viajó a la ciudad de Guatemala trataba de entablar un diálogo con el gobierno, pero éste “en ningún momento tuvo la buena voluntad política de recibirnos, nuestras demandas no fueron escuchadas”. Ante esta situación, quienes tenían tomada la vía decidieron que no la dejarían libre hasta que el gobierno prestara atención. Y en esas estaban cuando, cerca de las dos de la tarde, arribaron a la zona tres camiones del ejército.
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Juana, quien se encontraba allí, narra: “Dos camiones se quedaron en el kilómetro 166, mientras que el otro llegó hasta el kilómetro 169. Entonces, las propias autoridades indígenas de Totonicapán convocaron mediante altoparlantes a todos los que estaban participando en el bloqueo: ‘Vecinos, los antimotines ya están muy cerca. Vamos a mandar a una comisión de autoridades para dialogar con ellos y explicar que estamos aquí pacíficamente’. Un grupo de dirigentes indígenas comenzó a caminar del kilómetro 170 al 169, pero los soldados “no dieron ninguna oportunidad de dialogar, y comenzaron a disparar y a echar gas lacrimógeno. Fue un tiroteo muy feo que duró de 20 a 25 minutos, demasiado tiempo. Seis de nuestros hermanos fueron alcanzados por las balas. Pasó mucho tiempo; ellos estaban perdiendo mucha sangre, pero no llegó ninguna ambulancia. Cuatro fallecieron allí mismo, y otros dos murieron en el hospital, a pesar de las operaciones que les hicieron para intentar sacarles las balas”.
A estos hombres caídos, se sumó un hombre que falleció al día siguiente de la matanza; era el padre de una de las víctimas, y murió enterarse de que había perdido a su único hijo. También fue hallado, 22 días después de la masacre, el cuerpo de un hombre que desapareció el día del bloqueo. “No fueron seis, sino ocho las personas inocentes a las que masacró el gobierno de Guatemala por no escucharnos”, asegura Batz, y agrega que el saldo de heridos fue de “aproximadamente un centenar de personas”.
El presidente guatemalteco declaró que “el ataque no provino de los soldados, sino de civiles que pasaban por el lugar a bordo de un camión”. Sin embargo, días después, nueve miembros del ejército fueron detenidos y consignados, acusados de la autoría material de los asesinatos. Esto, no obstante, no representa que se haya hecho justicia. Juana Batz insiste: “Aunque ya se dio con los responsables, queremos que se castigue también a los actores intelectuales de la masacre, quienes asesinaron a nuestra gente, cuando lo único que pedimos es que se nos respete como pueblo originario”.
Ubicado en las tierras altas de Guatemala, Totonicapán es un municipio conformado casi en un 98 por ciento por población indígena. En el área asola la pobreza. De acuerdo con una investigación del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica, más del 82 por ciento de los habitantes padece desnutrición. Ello no impide, sin embargo, que Totonicapán sea una comunidad muy organizada y que esté reconocida como una de las zonas menos violentas del país.
En Totonicapán la lucha por la conservación ambiental es ejemplar. Contrario a la tendencia de explotación irracional de recursos naturales que padece Guatemala, donde más del 75 por ciento de las zonas boscosas originales han sido devastadas, los mayas quiché de esta región preservan sus bosques en condiciones prístinas, pues para ellos representan no sólo su fuente de trabajo y supervivencia, sino la vida misma. Aquí “el bosque es una responsabilidad colectiva” y todos se apegan a un sistema estructurado de reglas y procedimientos en el que está prohibido talar árboles sin permiso de todos los miembros de la comunidad y hacer campos de cultivo cerca de corrientes de agua. Las plagas, en un lugar de ser eliminadas con pesticidas tóxicos, se combaten mediante esfuerzos comunitarios compartidos.
El territorio del departamento de Totonicapán es uno de los pocos lugares en Guatemala donde las autoridades indígenas ejercen el autogobierno mediante un sistema conformado por alcaldes que resuelven asuntos locales y un presidente que ejerce como portavoz y media en caso de conflicto; en 2011 fue electa por primera vez una mujer para este cargo. Su nombre es María del Carmen Tecam, una joven estudiante de Derecho.
Horas después de la masacre de Totonicapán, la presidenta de los 48 cantones declaró: “Nosotros seguimos en la lucha porque nuestro objetivo es buscar el bien común, y eso siempre lo tenemos claro”. Sobre los bloqueos carreteros dijo que “tenemos que acudir a estas medidas porque el Estado no escucha nuestras peticiones”, y lamentó que la violencia del gobierno haya llegado hasta este punto. Tecam aseguró también que “como líderes seguimos firmes en nuestras tres demandas”, que versan sobre las reformas a la Constitución, la reforma educativa y el aumento a las tarifas de la energía eléctrica”.