La construcción de presas hidroeléctricas tiene un mismo modus operandi: basado en la falta de consulta a los pueblos donde se asientan, devastación del ambiente, destrucción del tejido social y falta de cumplimiento de acuerdos, por lo que es urgente que las autoridades abandonen ya este modelo depredador.

Así lo afirmaron los jueces de la preaudiencia sobre presas, derechos de los pueblos e impunidad, de la mesa de devastación ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), Capítulo México, quienes los pasados 5 y 6 de noviembre se reunieron en el pueblo de Temacapulín, Jalisco, para escuchar los testimonios de personas y comunidades afectadas por estos megaproyectos. Ahí, analizaron los casos de las presas Paso de la Reina y Cerro de Oro, en Oaxaca; la Parota, en Guerrero; Las Cruces, El Cajón y La Yesca, en Nayarit; El Naranjal y Zongolica, en Veracruz, y El Zapotillo y Arcediano, en el estado de Jalisco.

En todos ellos, los especialistas mexicanos y extranjeros del TPP encontraron violaciones graves a los derechos humanos de los pobladores, entre ellos desalojo, desplazamiento forzoso, desmembramiento de territorios indígenas, omisión del derecho a la consulta y criminalización de los movimientos sociales de resistencia.

Estas obras siguen un mismo modelo de desplazamiento de personas, violación de sus derechos y destrucción de sus territorios, sin tomar medidas para evitarlos o mitigarlos, subrayó Francisco López, uno de los jueces de la preaudiencia sobre el tema.

Por lo anterior, el jurado del TPP emitió recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas diseñar una política energética nacional que no viole los derechos humanos ni dañe el ambiente; buscar formas alternativas de captación de agua y generación de electricidad; cancelar la construcción de varios embalses y otorgar indemnización justa a los pueblos afectados por presas ya terminadas.