Chihuahua, Chih., 9 de noviembre. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitó al Estado Mexicano medidas cautelares para proteger la vida de siete dirigentes de la organización social El Barzón, que han recibido amenazas de muerte por su lucha contra la sobrexplotación de mantos acuíferos y la contaminación minera en la entidad.

La abogada Luz Estela Castro y Gabino Gómez, dirigentes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y El Barzón, respectivamente, informaron que acudieron a la sede la CIDH en la ciudad de Washington para exponer la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los dirigentes sociales, tras el asesinato del barzonista Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís, el pasado 22 de octubre.

La CIDH recomendó a los gobiernos de México y al de Chihuahua proteger a los dirigentes y sus familias, ante el riesgo en que se encuentran por el conflicto generado a raíz de las denuncias contra los agricultores menonitas que perforan pozos ilegales para el riego de miles de hectáreas abiertas al cultivo en los últimos 10 años y la contaminación que genera la empresa minera Cascabel, filial de la transnacional canadiense Mag Silver.

La reacción de los agricultores menonitas ante las movilizaciones de los campesinos y ejidatarios de los municipios de Villa Ahumada, Riva Palacio y Buenaventura para demandar la clausura de más de 600 pozos perforados sin permisos, así como los aprovechamientos ilegales de agua en la Cuenca del Río del Carmen, es una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado sobre el asesinato del dirigente de El Barzón, Ismael Solorio.

Otra apunta a los enfrentamientos violentos que se registraron en el poblado de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, entre algunos ejidatarios que vendieron derechos a la empresa Minera Cascabel y la mayoría que se oponen a las operaciones de exploración que se llevan a cabo en tierras ejidales para determinar el potencial de reservas que tiene esa zona de depósitos de molibdeno, un material que se usa en aleaciones para la fabricación de armas en Estados Unidos.

Una semana antes de su asesinato, Ismael Solorio y uno de sus hijos fueron agredidos y golpeados por trabajadores de la minera y ejidatarios que están en favor de las operaciones de la empresa.

A raíz de esa agresión, los dirigentes de El Barzón, Martín Solís, Heraclio Rodríguez y el mismo Ismael Solorio, organizaron manifestaciones en la capital del estado y sostuvieron reuniones con el secretario de Gobierno estatal, Raymundo Romero, para pedir protección y exigirle que frenara una campaña de hostigamiento y ataques en los medios de comunicación locales en su contra.

La respuesta en principio fue una contramanifestación de los empleados de la minera, trasladados desde el poblado de Benito Juárez, a 250 kilómetros de distancia, hasta la capital del estado, para defender sus fuentes de trabajo.

Una semana después de esas movilizaciones de grupos enfrentados, ocurrió el asesinato de Ismael Solorio y su esposa, cuyos cuerpos fueron localizados en la carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón, sobre el corredor comercial de la principal región menonita del estado.

Este viernes, los dirigentes de El Barzón sostuvieron una reunión con el gobernador César Duarte Jáquez y una sesión de trabajo con la Fiscalía General del Estado para informarles de la solicitud que hizo el organismo internacional.

El mandatario estatatl aseguró que se atenderá la recomendación de la comisión interamericana en los términos en que ha sido planteada.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Carlos Manuel Salas, informó que se brinda protección a los dirigentes de El Barzón y a los familiares de Ismael Solorio, desde el momento en que ellos mismos la aceptaron y el operativo fue diseñado por las propias organizaciones.