Madrid, 9 de noviembre. Amaia Egaña, de 53 años, casada y con un hijo, decidió arrojarse al vacío desde el cuarto piso de su vivienda justo en el momento en el que una comisión judicial subía por las escaleras para desalojarla de la vivienda en la que vivía desde hace dos décadas. Tenía una deuda con el banco y había recibido ya la orden de levantamiento de los tribunales, convirtiéndose así en la cuarta persona que se ha quitado la vida o lo ha intentado por el mismo motivo desde que estalló la crisis en 2008. En España se llevan a cabo más de 570 desalojos de personas de sus viviendas por deudas impagadas con alguna institución financiera, que son a su vez las únicas que han recibido millonarias inyecciones de capital del Estado.

El primer caso fue en 2010, pero los dos más recientes fueron hace sólo 10 días, cuando con unas horas de diferencia un ciudadano de Valencia y otro de Murcia decidieron quitarse la vida mientras el interventor público tocaba a su puerta para que la policía los desalojara de sus viviendas. El primero, José Miguel Domingo, murió ahorcado en el patio de su edificio, mientras que el segundo, que se había arrojado al vacío desde un séptimo piso sobrevivió, pero está hospitalizado en estado muy grave, con piernas y brazos rotos, así como lesiones internas graves.

Y ahora ocurrió en Barakaldo, una localidad vasca de tradición obrera, donde vivía Amaia Egaña y donde incluso había sido concejal junto a su marido en representación del Partido Socialista de Euskadi (PSE). Ni su hijo de 21 años ni los intentos infructuosos de sus amigos por animarla a seguir adelante evitaron que se quitara la vida de forma súbita.

Egaña había trabajado los últimos 30 años en una empresa de transportes, pero la crisis y los problemas de empleo en la región los orillaron a dejar de pagar la deuda que tenía con el banco La Caixa, que, como hacen todas instituciones bancarias, acudieron a los tribunales para beneficiarse de una de las leyes más injustas de la Unión Europea (UE), según un dictamen del propio organismo, que considera ilegal la ley de desalojos y que España siga siendo de los pocos países de Occidente que todavía no admite la dación en pago para finiquitar una deuda con un banco.

La muerte de Amaia Egaña conmocionó de nuevo al país, pero sobre todo a la localidad de Barakaldo, donde se manifestaron miles de personas que además del duelo y el respeto por la nueva víctima de la crisis, también lanzaron consignas muy duras y críticas con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, y contra el sistema bancario. Les gritaron asesinos y pusieron de manifiesto que en España la justicia sólo funciona para los ricos.

Una de las voces más críticas con la ley y con el hecho de que desde la irrupción de la crisis los tribunales se han convertido en instrumentos de los bancos para desalojar a familias y ciudadanos, fue el juez que iba a llevar a cabo el desalojo de la fallecida, Juan Carlos Mediavilla. El magistrado afirmó que sería bueno que se procediera a modificar la legislación vigente. No podemos estar en situaciones que, por un problema económico, derivan en crisis como ésta, con resultados tan trágicos.