La crítica situación de la que habla el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en sus informes de actividades y sobre la situación financiera 2011-2012, la atribuye, en parte, al costo del régimen de jubilaciones y pensiones (RJP) de los trabajadores del propio organismo, en particular los que ingresaron antes del 12 de agosto de 2004, los cuales hasta diciembre de 2011 eran 284 mil 249, así como aquellos que ya están en retiro, 220 mil 308 a la misma fecha, que gozan de los beneficios del RJP.

De acuerdo con el informe, el cumplimiento de obligaciones del IMSS en su carácter de patrón representan un pasivo de 2.4 billones de pesos (valor presente de obligaciones totales). El pago de pensiones y jubilaciones en curso significa una erogación de 65 mil millones de pesos por año y crece a un ritmo de 12 por ciento anual.

Otro factor de descapitalización del instituto es el déficit del Seguro de Enfermedades y Maternidad (SEM) y, en específico, los costos de la atención médica de pensionados que padecen diabetes, hipertensión arterial y cáncer, entre otros males de muy alto costo.

Respecto del RJP, es un tema que siempre ha existido y que se quedó como un pendiente desde la reforma a la Ley del Seguro Social de 1995 (vigente a partir de julio de 1997), el cual no se abordó sino hasta principios de este siglo. En agosto de 2004 entraron en vigor nuevas reformas a la ley, por las cuales se prohibió al instituto la utilización de las cuotas obrero-patronales para pago de pensiones y jubilaciones.

La aplicación de la medida fue efectiva sólo para los trabajadores de nuevo ingreso, no así para los que ya formaban parte de la plantilla del IMSS. Luego hubo medidas adicionales, resultado de negociaciones y convenios con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en los cuales se acordaron condiciones para pensiones y jubilaciones de los nuevos empleados, lo cual en los hechos se tradujo en su exclusión de los beneficios del RJP.

Estos acuerdos permitieron a las autoridades del instituto afirmar que se había dado solución al problema del pasivo laboral del IMSS, pues ya no crecería más. Sin embargo, quedó pendiente lo relativo a trabajadores activos con derechos adquiridos.

El análisis del instituto advierte que las obligaciones con sus empleados seguirán creciendo durante los siguientes 24 años, periodo en el que el número de nuevos jubilados y pensionados aumentará en 12 mil 618 individuos en promedio anual, de manera que para 2035 se habrán incorporado 302 mil 838 nuevos trabajadores en retiro.

Los derechos que tienen los trabajadores por conducto del RJP son cubiertos por el IMSS con los ingresos que obtiene de las cuotas obrero patronales, las que se supondría deberían utilizarse en su totalidad para la prestación de los servicios médicos y sociales a los derechohabientes.

Como una alternativa temporal, las autoridades del instituto empezaron a tomar recursos del fondo laboral, el cual se agotará en 2013. A esto se agrega la proyección de que en los próximos años se mantenga la tendencia de que los gastos del organismo sean mayores que sus ingresos.

Eso ocurre, dice el informe, dadas las expectativas de que el crecimiento de los ingresos, como resultado del aumento en el número de asegurados y en los salarios, sea menor al crecimiento del pasivo laboral y del gasto en servicios de personal.

El instituto ha presentado en reiteradas ocasiones cinco alternativas que no se han traducido en nada concreto: rebalanceo de primas entre el seguro de invalidez y vida y la cobertura de gastos médicos de pensionados del SEM; ajuste de las cuotas del Seguro de Salud para la Familia –también descapitalizado–; aumento de la aportación del gobierno federal para estudiantes, así como para el pago de atención médica de pensionados.

También ha propuesto que la Federación aporte la mitad del costo estimado para seis enfermedades de alto costo: diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal, cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama y VIH/sida,lo cual aseguraría la viabilidad y solvencia financiera del Seguro Social.