n las semanas recientes se ha producido un importante debate sobre la conveniencia de crear una nueva secretaría de ciencia, tecnología e innovación, que podría formar parte de la estructura del próximo gobierno. El tema es realmente importante y rebasa ya los clichés sobre los riesgos de burocratización que han acompañado por años a esta iniciativa. Lo primero que hay que advertir es que se trata de una propuesta viva, pues ha sido recientemente formulada por más de 60 instituciones, entre las que están universidades, centros de investigación, organizaciones académicas y empresariales. Esta recomendación presenta dos modalidades, una incluye a la educación superior en la estructura de la nueva dependencia, que de concretarse, representaría una gran oportunidad para transformar radicalmente no sólo a la ciencia, sino además al sistema educativo en su conjunto.
Pero examinemos primero algunas posturas expresadas recientemente sobre la propuesta general de crear la secretaría. Hay una coincidencia unánime en señalar que la nueva dependencia no debe verse como un fin, sino como medio para lograr el avance de la ciencia en el país, como ha expresado con claridad el doctor René Asomoza, director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). Sin embargo, existen algunas opiniones en apariencia divergentes, que pueden agruparse en tres categorías:
Condicionada al presupuesto. Para algunos, como el doctor Enrique Villa Rivera, actual director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), no tendría sentido una nueva dependencia si antes no se produce un cambio en la percepción del gobierno que se traduzca en un incremento de los recursos económicos. En el mismo sentido, aunque con matices, se ha pronunciado el Premio Nobel de Química Mario Molina, quien ve con simpatía la idea de crearla, pero acoplada con un apoyo decidido a la investigación.
Otras modalidades. Hay otras ideas, como las expresadas por José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ha dicho que en lugar de una secretaría, se deben tener consejos de decisión o asesores dotados de facultades plenas. Por su parte, el doctor Pablo Rudomín, investigador emérito del Cinvestav, ha sugerido que debe verse el modelo de agencias, como las que funcionan en Estados Unidos, como una posible salida.
Incluir a la educación superior. José Sarukhán Kérmez, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha señalado que no tiene sentido crear una nueva secretaría de Estado si en ella no está incluida la educación superior. Más recientemente, el doctor Jorge Flores Valdés, Coordinador General del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, se ha pronunciado en el mismo sentido.
En todas las posturas anteriores hay un denominador común, la consideración de que la actual estructura del sistema científico se ha agotado y que se requieren cambios de fondo. Como señalé al principio, la propuesta de una nueva secretaría cuenta con el aval de las más de 60 instituciones que participaron en la elaboración del documento Hacia una agenda nacional en ciencia, tecnología e innovación, que fue entregado al presidente electo, Enrique Peña Nieto; a la SCJN, a las Cámaras de diputados y senadores, y a los gobernadores de los estados. En mi opinión, una secretaría que incluya a la educación superior me parece la opción más interesante, por su enorme potencial de transformación.
Además de que significaría un cambio que daría a la administración pública de la ciencia la misma jerarquía que tienen otras secretarías de Estado, hay dos razones adicionales que la justifican, una de índole económica y otra política. En el mundo actual aproximadamente un tercio del producto interno bruto (PIB) lo producen personas que cuentan con educación superior. La generación de nuevos conocimientos, tecnologías, innovaciones y patentes implica la articulación entre la educación superior y el posgrado con la investigación científica y tecnológica. En otras palabras, en la práctica hay un vínculo natural entre estos territorios que puede favorecerse aún más mediante políticas articuladas que apunten hacia metas específicas.
Desde el punto de vista político, existe el temor de que al extraer de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la educación superior para que forme parte de la hasta ahora hipotética nueva dependencia, queden más expuestos los niveles educativos básico y medio superior (y la propia SEP), a los intereses de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Creo que es un temor infundado, pues esa influencia ha estado presente en los años recientes y ya no hay margen para que empeore. Es más, al encapsular esos niveles educativos hay más posibilidades de concentrar los esfuerzos en la elevación de su calidad y hacer a un lado de manera definitiva las influencias nocivas que impiden el avance educativo y dañan el futuro de México.
La creación de una nueva secretaría que incluya la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación superior sería una de las mayores sacudidas al sistema educativo del país… Y buena falta le hace.
