La próxima semana, a menos de un mes de que concluya el sexenio de Felipe Calderón, será puesto en marcha el mecanismo de protección para defensores de derechos humanos y periodistas.

Hasta el momento, cinco entidades (el Distrito Federal entre ellas) no han concluido los preparativos para la operación del marco legal que sustente estas acciones a escala local, informaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación.

El eje del mecanismo es la reacción inmediata de las autoridades de los tres niveles de gobierno ante hechos de violencia que busquen agraviar a defensores de garantías básicas e integrantes de los medios de comunicación.

Según el más reciente reporte de Gobernación, en la primera etapa de protección oficial (las acciones anteriores no tenían un protocolo legal específico) 11 periodistas han sido atendidos.

Una vez de que el comunicador denuncia un hecho que signifique un riesgo para su integridad y la de su familia, los funcionarios entran en contacto con el afectado para exponerle las alternativas de protección y, una vez que éstas son admitidas, se definen las medidas a tomar.

Según los funcionarios consultados, algunos del grupo de 11 comunicadores –amenazados por la delincuencia organizada e incluso presionados por autoridades locales– reciben desde hace varios meses custodia federal, mientras a otros sólo se enfocó la protección en sus domicilios particulares y de trabajo, mediante alarmas y cámaras de seguridad.

Sin ofrecer detalles, se dijo que alguno o algunos fueron apoyados para un cambio inmediato de residencia, es decir, mudanza de ciudad, aunque hasta el momento ninguno ha sido enviado a otro país.

El mecanismo en referencia se desprende de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio pasado.

Esta norma se deriva, a su vez, del artículo 1º constitucional acerca de la obligación de todas las autoridades de respetar y proteger los derechos humanos.

El objetivo es afrontar el serio problema que suponen las amenazas contra periodistas y defensores de derechos, dijo Gobernación.

En el mecanismo participan representantes de la sociedad civil, con base en las atribuciones que les otorga la propia ley en la materia, por lo que tienen incidencia en la junta de gobierno y en el consejo consultivo de este marco legal.

Esta semana se impulsará su operación en todo el país, aunque se trata de un objetivo largamente buscado.

En noviembre de 2011, se efectuó una mesa de trabajo con organizaciones civiles, en la que se consensuaron las directrices del citado mecanismo, para el caso de los defensores de derechos humanos.

En abril pasado se organizó un taller sobre la evaluación de riesgos para defensores y periodistas, además de la capacitación en esta materia para servidores públicos de las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, así como de la Procuraduría General de la República.

Dos meses después se instaló la junta de gobierno del mecanismo, en la cual se nombró al titular de la coordinación ejecutiva nacional, que es donde se evaluarán las medidas de reacción inmediata a tomar.