Desde 2008 empleados de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), de la Procuraduría General de la República (PGR), reprobaron exámenes de confianza y sus jefes ocultaron los resultados, permitiendo que las irregularidades llegaran a niveles en los cuales la seguridad de pasajeros y naves estaban en riesgo, señalaron funcionaros del gabinete de seguridad nacional que han tenido acceso a la integración de averiguaciones previas por estos delitos relacionados con una red de corrupción detectada en esa área.

La Jornada accedió a informes gubernamentales dados a conocer en gabinete de seguridad nacional, referentes a los resultados de las autorías a las áreas operativas y administrativas que realizó en la DGSA desde julio pasado la empresa que dirige Joseph del Balzo, director de la compañía estadunidense JDA, que estableció que existía “incumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio obligatorios, programa de inspección, registros de mantenimiento inadecuado y omisión de instrucciones de mantenimiento del fabricante.

“De las 89 aeronaves revisadas, porque cuatro se encontraban en talleres ajenos a la institución, solamente ocho (cinco rentadas y tres de la PGR) se encuentran en condiciones de aeronavegabilidad; no se cuenta con un sistema de manuales para las operaciones vuelo y las actividades de mantenimiento.

No se tiene control de calidad capaz de vigilar y de dar seguimiento a los elementos críticos de seguridad, señaló Del Balzo en su informe a la PGR, que fue puesto ya en conocimiento del presidente electo, Enrique Peña Nieto, según la información recabada entre funcionarios entrevistados.

El dictamen refiere que si la DGSA no actualiza y repara su departamento de mantenimiento será inevitable un incidente o accidente de las aeronaves. Agrega que por esa razón desde el 1º de septiembre “suspendió de manera inmediata el tránsito de sus aeronaves y contrató el servicio de arrendamiento de nueve aviones y un helicóptero, que incluye pilotos, mantenimiento y cobertura de seguros para fortalecer su flota aérea y la seguridad en la realización de operativos y el traslado de servidores públicos, e inició el reordenamiento de la DGSA”.

Los documentos obtenidos refieren que adicionalmente a esta auditoría, instancias internas de la PGR, como el Órgano Interno de Control, la Visitaduría General  y la Oficialía Mayor, efectuaron acciones de verificación a los procedimientos y encontraron inconsistencias, como falta de controles en el suministro de refacciones y rezago respecto de los avances tecnológicos en materia de aviación.

Durante las auditorías y con el inicio de averiguaciones previas han declarado ante el Ministerio Público de la Federación 544 trabajadores y empleados de niveles técnicos, operativos, administrativos y de mando, adscritos a las bases de la DGSA, en las ciudades de México, Guadalajara, Jalisco y Cuernavaca, Morelos, y que el Órgano Interno de Control en la PGR integra siete expedientes de investigación e instruye ocho expedientes de responsabilidades en los que están involucradas, hasta ahora, 120 personas.

En ese contexto, se detectó que decenas de trabajadores que debían ser despedidos o sometidos a nuevas evaluaciones de confianza continuaron laborando, de manera contraria a las normas institucionales, por lo cual se agregó un probable ilícito a las imputaciones que se investigan contra cuatro ex directores de la DGSA, y en la parte operativa “se recuperó un twin-pack de motores y una transmisión de un helicóptero con valor aproximado de un millón de dólares; se reparó también un avión siniestrado King Air para su adecuada operación y, para mayor seguridad de las aeronaves, se modernizó el sistema integral de rastreo y seguimiento en navegación”.