En la primera sesión ordinaria del denominado tercer Consejo Universitario de la UACM –conformado por personal identificado con la rectora Esther Orozco Orozco–, convocada para el próximo 9 de noviembre, además de formalizar la baja de ocho consejeros titulares, se pretende aprobar un acuerdo para crear listas de asistencia a académicos y trabajadores administrativos de esa casa de estudios hasta que se restablezcan las actividades universitarias.

En la propuesta del orden del día para esa sesión se justifica dicha medida con el argumento de que se les está pagando su salario íntegro y que el cierre de los planteles desde hace más de dos meses no es responsabilidad de la institución y su administración.

En la exposición de motivos, se señala que la Comisión de Hacienda del CU es responsable del manejo y cuidado del patrimonio de la UACM, que incluye los gastos de nómina que representan más de 90 por ciento del presupuesto de egresos.

Por este motivo, señala el documento, el paro de labores que actualmente se vive en esa casa de estudios no es impedimento para que el personal se presente a firmar la entrada y salida de su jornada laboral en los lugares que se designen.

Agrega que aquellos maestros que participan en la clases extramuros sólo requerirán de presentar las listas de asistencia de sus alumnos para justificar que se presentaron a cumplir sus labores.

Para la Comisión Tripartita, conformada por el Consejo Estudiantil de Lucha, Foro Académico y Consejeros por la Defensa del Voto y la Legalidad, dicha medida es violatoria del Contrato Colectivo de Trabajo y lo que busca la administración de Esther Orozco es tener argumentos para expulsar de la UACM a quienes han apoyado el paro, así como darle carácter oficial a las clases extramuros.

Al respecto, la secretaria general del sindicato de trabajadores de la universidad, Auxilio Heredia, manifestó que una medida de esta índole requiere ser discutida con la representación gremial, pues no está contemplada en la relación laboral, por lo que de aprobarse sería absolutamente ilegal.

Manifestó que el sindicato se mantiene a la expectativa de los términos en que se aprobaría dicho acuerdo, pues no se descarta la posibilidad de que se pretenda obligar a los trabajadores a firmar asistencia en sedes distintas a sus centros de trabajo.