La junta de buen gobierno (JBG) Nueva semilla que va a producir, de la zona norte de Chiapas, denunció el total despojo de tierras y cosechas de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en las comunidades Comandante Abel y Unión Hidalgo, perpetrado por paramilitares del municipio de Sabanilla, con la abierta protección de la seguridad pública, la cual cobija el adiestramiento en combate de civiles de San Patricio, Unión Hidalgo y otros poblados.

El terreno de nuestros compañeros ocupado por los paramilitares de Unión Hidalgo el 6 de septiembre terminaron de repartírselo el 21 de octubre. Cosecharon y robaron 11 hectáreas de maíz, y las volvieron frijolar. El día 24 llegaron refuerzos de Unión Hidalgo. El conflicto sigue afectando a los zapatistas de la comunidad, quienes quedaron cuidando sus casas y pertenencias por el desplazamiento de sus familias por las amenazas, agrega la JBG, que ya lo denunciara el 11 de septiembre.

En la madrugada del 16 de octubre, los paramilitares hicieron disparos con armas de fuego hasta las 3 de la madrugada; el último a 150 metros de la casa de un compañero.

Esa noche volvieron las detonaciones, y al día siguiente, para continuar las amenazas y hostigamiento, llegaron 15 (agentes) de la seguridad pública. El día 25, en el terreno invadido, los paramilitares hicieron movimientos de corte militar en tres grupos con armas de grueso calibre, y mandaron una comisión al campamento policiaco. Posteriormente los agentes efectuaron movimientos cerca de los invasores, y a las 20 horas realizaron tres disparos.

Diariamente, la policía patrulla de Sabanilla a San Patricio, y por las tardes y noches de San Patricio al lugar ocupado por paramilitares y a Unión Hidalgo.

Cuando los invasores se movilizan, los policías también; se ve claramente que son una sola fuerza y que una sola dirección conduce sus acciones. La JBG sostiene que el objetivo es que, ordenados por el presidente Felipe Calderón y el gobernador Juan Sabines Guerrero, los policías entrenen a los invasores.

Y contradice la versión gubernamental del 9 de octubre, que sostuvo que los grupos de San Patricio y Unión Hidalgo, en presunto común acuerdo, solicitaron presencia policiaca, y que se han respetado los derechos de los militantes del EZLN.

La autoridad autónoma cuestiona: ¿Qué necesidad de policías tiene este grupo paramilitar cuando ellos mismos invaden el terreno de nuestros compañeros, y han desplazado mujeres y niños?

Desalojan, despojan, roban y saquean en presencia de policías, quienes también realizan acciones de intimidación y provocaciones bélicas, señala.

La JBG apunta: le debe dar vergüenza al mal gobierno decir que sus policías están para guardar el orden y la paz cuando frente a ellos existen robos, amenazas movimientos paramilitares y disparos. El gobierno debería decir claro que mandó la policía para (que) sus paramilitares desalojen a nuestros compañeros, y no ha hecho nada para resolver el conflicto.

Al contrario, manda refuerzo de policías y, en vez de retirar a los invasores del terreno de los zapatistas, impulsan la violencia para imponer su proyecto de regularización, pese a que esta tierra ya está entregada a los que realmente la viven y la trabajan.

La JBG recuerda que el 29 de abril acudió a San Patricio. Juntamos las dos partes, sin trampa, sin presupuestos económicos para comprar autoridades o representantes a espalda de la comunidad para que entren en acuerdo para joder a su comunidad. Reunidos con autoridades y miembros de la comunidad, y considerando a los que trabajan esas tierras por muchos años, los zapatistas propusieron que los predios de San Patricio y Los Ángeles les queden a los oficialistas, y las bases de apoyo con el predio La Lámpara. Eso fue aceptado por las partes.

Aunque nos costó la reubicación, lo hicimos para evitar confrontaciones, de modo que se hizo una acta de separación de los integrantes del núcleo agrario, firmada y sellada por autónomos y oficiales.

Los zapatistas argumentan: “en la construcción de nuestra autonomía, desconocemos esa palabra ‘regularización’ de tierras”, un instrumento del gobierno para manipular a la gente que se deja de engañar de que con papeles legales, pero más tarde van servir para justificar un despojo legal.

Preguntan: ¿Donde queda el derecho de los pueblos indios, habitantes primeros de estas tierras, de ejercer su autogobierno y libre determinación, tal como marcan los convenios internacionales y los acuerdos de San Andrés?

Comunicado completo