Los siete grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados manifestaron su solidaridad con la caravana de madres de migrantes centroamericanos que recorre el país en búsqueda de sus hijos desaparecidos. Los legisladores también demandaron respeto a los derechos humanos de quienes transitan por la República o de aquellos que se establecen en el país.

Durante la sesión ordinaria celebrada ayer en San Lázaro, los legisladores de todos los grupos parlamentarios se sumaron a la demanda de las mujeres, procedentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, quienes insisten ante las autoridades mexicanas que se verifiquen los datos de las 20 mil personas cuyos cuerpos se encuentran enterrados en fosas comunes.

Norma Ponce (PRI) ocupó la tribuna para expresar la solidaridad de su partido, pero también la indignación por los casos de abuso y crueles condiciones que padecen los migrantes centroamericanos. No podemos permitir que aquí se den violaciones a sus derechos más elementales, como tampoco los abusos de que son víctimas nuestros compatriotas en Estados Unidos.

Para Cinthya Valladares (PAN) el asesinato, el secuestro y la violación constituyen una afrenta para la sociedad, por lo que es necesario –dijo– garantizar el respeto a los derechos humanos.

Roberto López Rosado (PRD) propuso conformar una comisión de legisladores que atienda a las madres de los desaparecidos, para conocer a detalle sus demandas y vigilar la aplicación de las leyes en materia de política exterior.

Ricardo Monreal (Movimiento Ciudadano) refirió que los migrantes muertos en el corredor Guatemala, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, no sólo son víctimas de tratos inhumanos de parte de las autoridades migratorias, sino que son presa fácil de los cárteles del crimen organizado, y añadió: Tenemos un gobierno omiso en materia de protección a derechos humanos.

Para la diputada por el PT Loretta Ortiz aproximadamente 70 mil migrantes han desaparecido en México, en todas las rutas trazadas para llegar a Estados Unidos. Los sobrevivientes han sido extorsionados y robados, y el resto asesinados, sin que el Estado mexicano haga algo para evitarlo.