El Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) manifestó ayer su profunda preocupación por el incremento de dicho crimen de lesa humanidad en México, motivado por la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.

En el inicio de las evaluaciones periódicas que realiza sobre el desempeño de México para erradicar la tortura, el mencionado organismo indicó que esa práctica sigue vigente en todo el país para arrancar confesiones de las personas detenidas, y luego usarlas en los procesos judiciales en su contra.

Luego de haber escuchado el martes en audiencia privada los señalamientos de organizaciones de la sociedad civil sobre el tema, los integrantes del CAT recibieron ayer y hoy en Ginebra, Suiza, a una delegación de más de 30 funcionarios mexicanos, quienes explicaron de qué forma el gobierno del país ha cumplido la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura.

Luego de escuchar la exposición de las autoridades del país y formular algunas preguntas y observaciones, los expertos del comité internacional lamentaron que la tortura siga ocurriendo en México como estrategia de investigación.

Mediante un comunicado, diversas organizaciones de la sociedad civil –entre ellas la Red Todos los Derechos para Todas y Todos– señalaron que el CAT lamentó también que la reforma penal de 2008, cuya finalidad fue implantar un sistema oral y acusatorio, no ha sido eficaz, pues las fuerzas de seguridad siguen utilizando confesiones obtenidas mediante tortura como prueba de cargo en procesos penales.

De igual forma, los expertos de Naciones Unidas calificaron como inadmisible que la Procuraduría General de la República monopolice la aplicación del Protocolo de Estambul, ya que los peritos que la aplican carecen de independencia, y cuestionaron la falta casi absoluta de sentencias por tortura, pese al elevado número de quejas por este delito registradas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Un tema de especial preocupación para el CAT, añadieron, es la figura del arraigo, puesto que esa violación flagrante de derechos humanos facilita la comisión de tortura en instalaciones militares y la utilización de las confesiones en procesos judiciales.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la tortura sexual ejercida contra varias mujeres en la comunidad de San Salvador Atenco, pues hay demasiadas lagunas de información en el informe gubernamental sobre el tema; solicitaron datos más precisos sobre los programas oficiales para combatir los feminicidios y los ataques contra sectores vulnerables, como los migrantes y los defensores de derechos humanos.

Iniciativa para tipificar dicha práctica en Guerrero

Durante la reunión en Ginebra, los expertos del CAT subrayaron la necesidad de tipificar la tortura en el código penal de Guerrero, ya que dicho estado es el único de todo el país que no incluye ese delito en su legislación, y sólo está contemplado en algunas normas secundarias, como se informó ayer en estas páginas.

Justamente a propósito de esa demanda, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó ayer ante el Congreso de Guerrero una iniciativa para incluir la tortura en el Código Penal estatal, ya que el no hacerlo ha generado un clima de impunidad para quienes cometen ese crimen.