La fracción del PRD en el Senado propuso ante el pleno conformar una comisión plural para investigar la situación en las minas de carbón, donde no sólo mueren trabajadores por las pésimas condiciones de seguridad, sino que el narcotráfico opera de lleno, según denunció recientemente el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira.

En tribuna, las senadora Dolores Padierna resaltó que la zona carbonífera de esa entidad no puede seguir siendo tierra de nadie, donde ya impera la delincuencia organizada, por lo que esa cámara debe intervenir.

Insistió en que las declaraciones de Moreira, en el sentido de que los empresarios de la región carbonífera de Coahuila están coludidos con los narcotraficantes, son muy graves y explican las causas de la problemática tan aguda que afrontan las minas en el país y en particular las de carbón.

Padierna detalló que hasta 2011 se encontraban vigentes 25 mil 786 títulos de concesión, lo que equivale a 32 millones de hectáreas concesionadas a particulares, entre los que destacan el Grupo Acerero del Norte, de Alonso Ancira, y Grupo México, de Germán Larrea.

“En Coahuila existen 10 mineras de carbón explotadas por grandes consorcios y miles de pocitos de carbón que operan en forma ilegal”. Ese estado, añadió, es el primer productor carbonífero del país y la extracción alcanza 11 millones 246 mil 639 toneladas, pero lamentablemente se hace en circunstancias muy críticas, dijo.

Destacó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaboró un informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera de Coahuila y los resultados son alarmantes. Acreditó violaciones de legalidad, de seguridad jurídica, de respeto a la integridad física de los trabajadores, de respeto a la vida de la gente, de los pobladores, así como la prestación indebida del servicio.

Según la CNDH, la explotación de los pocitos de carbón presenta condiciones inhumanas, casi de esclavos, y derivado de ello han muerto 124 personas, 80 de ellas en los pozos ilegales de carbón.

Padierna recalcó que tienen la obligación de entrar a fondo para resolver esa problemática. No puede ser que la zona carbonífera, donde viven cerca de 200 mil habitantes, sea tierra de nadie y que nadie intervenga para hacer valer las leyes ni se defienda a los trabajadores.

Su propuesta para integrar una comisión que indague la situación laboral en las minas de Coahuila fue turnada a la Junta de Coordinación Política del Senado y se espera que se apruebe la próxima semana, ya que Padierna ha logrado el acuerdo de las bancadas del PRI y el PAN.

La comisión tendrá además la responsabilidad de proponer reformas a la Ley de Minas y a la legislación laboral.