La vida de John Lucero no parece ir tan mal. Acaba de iniciar la carrera de administración de empresas, sabe pilotear aviones y tiene todos los elementos para conseguir el sueño de su vida, que es servir en el ejército de Estados Unidos. Sólo hay un pequeño problema: John no existe. Al menos no legalmente.

Él forma parte de los 50 millones de personas que cada año no son registradas al nacer –de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia–, y que por ese solo hecho no tienen nacionalidad ni acceso a servicios elementales, como abrir una cuenta de banco, vacunarse, registrar propiedades a su nombre o dejar una herencia.

En sus propias palabras, vive en una especie de limbo jurídico, donde un acto cotidiano, como conducir un auto o buscar empleo, lo pone en riesgo ante la ley. Así es vivir sin identidad legal.

Soy como un hombre sin país

John Lucero nació el 7 de septiembre de 1984 en Tijuana, Baja California, y cuando apenas tenía cuatro días, una pareja de estadunidenses lo compró a un funcionario corrupto encargado de asignar adopciones. Desde entonces, ha hecho toda su vida en Estados Unidos, país que, sin embargo, no puede reconocerlo como su ciudadano.

No tengo acta de nacimiento, porque el abogado con el que fueron mis padres en Tijuana dirigía un grupo de adopciones ilegales en el mercado negro y no les dio un certificado real, explicó Lucero en entrevista con La Jornada vía correo electrónico, desde el condado de Ventura, California.

El hecho de no tener un documento tan elemental ha representado un obstáculo enorme para John, pues no sólo no puede obtener licencia de manejo ni pasaporte, sino que se ha visto obligado a dejar todos los trabajos que ha conseguido, y tuvo que suspender su carrera de administración de empresas.

No puedo disfrutar de la libertad que tienen otras personas, a pesar de que he vivido aquí desde que tenía cuatro días de nacido, y que apenas puedo hablar español. Estoy casado y mi esposa está embarazada, lista para dar a luz en unas dos o tres semanas. Mi hijo va a ser ciudadano estadunidense antes que yo. Soy como un hombre sin país, lamenta.

Desempleado totalmente desde hace año y medio, viviendo de la ayuda de sus padres adoptivos, Lucero está tratando de resolver su problema por medio de un abogado que tramita su green card de residente legal, luego de varios intentos infructuosos de obtener un pasaporte en el consulado mexicano.

“Mi mayor esperanza en este momento es la dream act (iniciativa del presidente Barack Obama para dar la ciudadanía a los estudiantes que hayan llegado al país sin documentos siendo menores de edad). Si no se hace ley cuando yo tenga 35 años, no sé qué voy a hacer”, lamenta.

La tristeza de ser nadie

Un caso muy similar al de Lucero es el de Cecilia Moreno, nacida en 1972 en el Distrito Federal, pero llevada por sus padres a Estados Unidos cuando sólo tenía tres años, sin haber obtenido antes su acta de nacimiento.

Mi mamá no tenía dinero para registrarme en ese tiempo, y nunca supo lo importante que era eso. Pude ir a la escuela porque sólo pedían acta de bautizo, pero ya de adulta ha sido muy difícil, porque cuando se trató de agarrar trabajo no tenía papeles, cuenta la residente en la comunidad de Oxnard, California.

Aunque ha pasado toda su vida en Estados Unidos, donde nacieron sus dos hijas, no puede obtener la ciudadanía de ese país ni la de México. No puedo sacar la licencia de manejo, y han sido muchas lágrimas y frustraciones por eso.

Con el afán de regularizar su situación, Moreno envió dinero a una tía de México para que ella le tramitara un acta de nacimiento, pero su familiar obtuvo un documento falso que no le sirvió más que para hacer algunos trámites menores en California.

No puedo salir de viaje nunca, y cuando me enfermo y no tengo una identificación para enseñarles, me miran como si fuera de otro mundo. Me gustaría ayudarle a mi esposo, porque somos una familia grande, pero no hay ningún trabajo donde me acepten, y hasta me pueden deportar, afirma.

Vivir sin identidad legal ha sido muy difícil para mí. Antes ya estuve casada una vez, y mi esposo murió en un accidente, pero no pude cobrar su seguro porque no soy ciudadana. Es como si yo no existiera, y eso es muy triste.

Atentado contra la dignidad

Oscar Ortiz, director general en México de la organización internacional Be Foundation, explicó en entrevista que no registrar el nacimiento de un niño es un atentado muy fuerte contra la dignidad de la persona, porque según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el primer derecho fundamental es tener nombre y nacionalidad.

Tramitar un papel, un acto que parece administrativo e irrelevante, no lo es tanto, porque es la llave para las garantías básicas. Si no lo tienes, no puedes entrar a la primaria, sacar credencial de elector, tener servicios de salud o recibir cualquier programa público. No tienes derecho a tener derechos, define.

Aunque no hay estadísticas definitivas sobre el tema, de acuerdo con un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, 10.8 por ciento de la población del país –equivalente a alrededor de 12 millones de personas– no tiene acta de nacimiento.

Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo ubica dicha cifra en 14.2 por ciento, pero sólo de los niños menores de cinco años, tomando en cuenta que de los 2.5 millones de nacimientos anuales en México, unos 600 mil no son notificados ante el gobierno.

Al no figurar en ningún registro –añade Ortiz– esta población es presa fácil del crimen organizado, como víctimas de múltiples delitos, pero también como ejecutores de los mismos, pues si no tienen personalidad jurídica no pueden ser ligados con nadie, ni defendidos, y por eso al morir muchos de ellos terminan en la fosa común.

El proyecto de hacer un diagnóstico sobre la magnitud de este fenómeno lo impulsó René Zenteno, cuando fue subsecretario de Población en la Secretaría de Gobernación, pero cuando él salió todo quedó congelado, lo cual ha postergado el registro de millones de personas –la mayoría de zonas muy pobres– que necesitan escuelas, clínicas, luz, agua corriente.

Un Estado que no sabe cuánta gente hay en su territorio no puede diseñar una política pública adecuada. No reconocerlos como personas es una forma indirecta de no gastar dinero en ellos, señala.