Al grito de ¡fuera empresas mineras de Canadá!, integrantes del Frente Democrático Campesino de Chihuahua, El Barzón, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala de la Red Mexicana deAfectados por la Minería exigieron frente a la embajada de Canadá en México que se aclare el asesinato de los activistas Ismael Solorio Urrutia y Manuela Martha Solís Contreras, resultado de la lucha que emprendieron en contra de la empresa Mag Silver, instalada en el ejido de Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua.

En una carta dirigida a Sara Hradecky, embajadora de Canadá en México, explicaron que la minera canadiense compró de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido y en dos ocasiones la asamblea ejidal –integrada por 398 campesinos– negó el permiso para realizar trabajos de exploración, pero los directivos de Mag Silver los ignoraron.

Agregaron que la empresa viola leyes ambientales y agrarias y sus directivos han contratado sicarios y golpeadores para proteger sus actividades. Sabemos que su labor es velar por los ciudadanos de su país en el extranjero, pero esta labor no debe solapar delitos, violación de derechos humanos ni daños irreparables al medio ambiente, dice el documento, que enviaron al senador Javier Corral para que a su vez lo entregue a la embajadora, a quien solicitaron que intervenga ante las autoridades de su país para que se investigue, vigile y sancione a Mag Silver”.

Los manifestantes colocaron a la entrada de la embajada un féretro de cartón y la fotografía de Solorio Urrutia, rodeada de carteles en los que exigían al gobierno de Canadá no ser cómplice de los ilícitos de la minera.

Un grupo se dirigió al Senado a entregar la carta a Javier Corral y otro fue a la Secretaría de Gobernación para demandar que se esclarezcan los asesinatos y se exija a la Comisión Nacional del Agua castigar la violación a la veda de la cuenca hidrológica del Carmen.