Zapotitlán de Méndez, Pue., 28 de octubre. Más de 600 representantes de una decena de organizaciones sociales –indígenas y mestizas– acordaron en esta población integrar un frente de defensa de la tierra, el agua y las culturas originarias y contra los proyectos mineros, de construcción de hidroeléctricas y de ciudades rurales que pretenden cancelar el futuro de los habitantes de la Sierra Norte de Puebla (SNP).

Al concluir un foro sobre el problema que dichos proyectos traen a la población serrana, convocado por la organización Causa Indígena, durante un mitin trilingüe –totonaco, nahua y español– las y los participantes tomaron también la decisión de no dar ni un solo voto, no admitir a los aspirantes a algún cargo de elección popular (alcaldes, regidores, diputados locales o federales) de cualquier partido si no manifiestan expresamente su oposición a dichos proyectos.

El foro convocó en esta población de cerca de 8 mil habitantes, ubicada a 241 kilómetrosal noroeste de la ciudad de Méx ico, a representantes del movimiento ambientalista Tetela Futuro; de la cooperativa Tozepan Titananiske, de Cuetzalan; Ollin Yoltó de Huitzilan; Red Indígena Nacional de Turismo Alternativo (RITA); la Asociación de Cronistas, Historiadores y Narradores de la Sierra Norte de Puebla (Chynac); Sedepac de Cuetzalan; Movimiento Independiente de Organizaciones Campesinas, Urbanas y Populares-Coordinadora Nacional Plan de Ayala (Miocup-CNPA-NM); Unidad Fuerza Indígena y Campesina (UFIC); del Movimiento Progresista y de organizaciones estudiantiles, entre otras.

Primero se realizó una marcha en el centro del pueblo gritando consignas como La sierra norte no se vende, la sierra se defiende, Tetela no se vende, Agua sí, cianuro no, No a las minas de Carlos Slim, Amigo de la sierra, no vendas tu tierra porque el agua con cianuro te mata de seguro, Fuera Frisco (empresa de Slim) fuera las mineras.

En el encuentro, realizado en una calle debido que el presidente municipal de Zapotitlán negó la utilización del zócalo, se planteó que esta lucha se lleve a cabo primero por los cauces legales, sin olvidar que sólo el pueblo defiende al pueblo, por lo que se requiere de la movilización y la unidad popular para lograr que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en especial el derecho a la consulta previa, libre e informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es de obligatorio cumplimiento en México, porque los gobiernos federal, estatal y municipal no han consultado a pueblos y comunidades de la SNP.

Se aprobó un pronunciamiento en el que se apunta que la moderna versión de la invasión disfrazada de falso desarrollo con proyectos de muerte como las minas de Frisco en Tetela, con una concesión de más de 10 mil hectáreas o más de 59 mil hectáreas concesionadas a la canadiense Almaden Minerals en Zotoltepec, Ixtacamaxtitlán, en San Miguel Tuligtic, en Santa María… que acabarán con el bosque de niebla, envenenerán el agua, la tierra y el aire con arsénico y otras sustancias tóxicas arrasarán miles de hectáreas forestales y agrícolas, dejando a los pueblos sólo sobre explotación laboral de enormes zanjones.

Si el presente es miserable, con los proyectos de muerte quieren cancelar nuestro futuro. Si no luchamos por detener la muerte de nuestra madre tierra que pretenden hacer el Estado y las empresas privadas, el futuro empieza a terminar hoy, agrega.

Afirma que la primera etapa de esta lucha es lograr que el gobierno respete lo que firmó con la Organización de las Naciones Unidad en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, como el derecho a la libre determinación, derecho al territorio, derecho a la consulta y derecho al desarrollo.

En la lucha por el respeto a estos derechos ha habido avances, añade, como la recomendación 56/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso del pueblo Wixárica en Wirikuta, y en cuanto a representación y participación la resolución del Tribunal Electoral Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la comunidad indígena de Cherán, Michoacán.

Exigen que se aplique el artículo primero de la Constitución con la reforma de 2011 y el artículo 13 de la Constitución poblana, donde las comunidades indígenas son reconocidas como sujetos de derecho.

Asimismo, que se cancelen las concesiones de minas en diversas comunidades de la SNP y los citados proyectos hidroeléctricos y de ciudades rurales, que se diseñe y ejecute el Programa Regional de la SNP. Todos los pueblos todos los derechos a partir del respeto a sus derechos colectivos, y que la Cámara de Diputados del Congreso federal autorice un presupuesto etiquetado para ser administrado por su instancia de representación regional para el ejercicio fiscal 2012.

En el foro participaron el asesor del diputado federal Carlos de Jesús, secretario de la Comisión legislativa de Pueblos Indígenas, quien se sumó al rechazo a los citados proyectos. También Fabián Baltazar, en representación de la diputada federal Josefina García, quien recibió una rechifla debido, dijeron varios oradores, a que ésta participó en una reunión para una minihidroeléctrica en San Antonio.