Efraín Cázares López, quien el pasado miércoles fue destituido como juez de distrito por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), prepara un recurso de inconformidad, que presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a más tardar en un mes, para pedir su reinstalación como juzgador, revelaron fuentes cercanas al impartidor de justicia.

Hasta el momento Cázares López ha rechazado conceder entrevistas a los medios de información sobre su situación jurídica, a pesar de que la semana pasada trascendió la posibilidad de que emitiera un comunicado para dar su versión sobre las imputaciones que enfrenta tanto en la Procuraduría General de la República (PGR) como en el CJF.

El consejo emitió un boletín el miércoles pasado para comunicar que, por incurrir en faltas graves en su función jurisdiccional, el órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial Federal resolvió por unanimidad destituir a Cázares, quien liberó a varios de los implicados en el llamado michoacanazo y concedió una suspensión en vías de amparo que facilitó a Julio César Godoy Toscano (medio hermano del perredista Leonel Godoy) asumir el cargo de diputado federal, pese a sus presuntos vínculos con narcotraficantes.

Cuarto juzgador cesado

Cázares es el cuarto impartidor de justicia que es destituido desde que el ministro Juan Silva Meza está al frente de la SCJN y del CJF.

A decir de las fuentes consultadas, los abogados contratados por Cázares López buscarán demostrar ante la SCJN que el juez destituido no posee un patrimonio extraordinario ni es socio de empresas constituidas en Michoacán, como ha pretendido acreditar la PGR, y que sus ahorros en cuentas bancarias corresponden a sus emolumentos obtenidos como juez de distrito.

De acuerdo con informes del CJF, entre otras cuestiones disciplinarias, Cázares fue castigado por otorgar a Godoy la suspensión provisional que le devolvió sus derechos políticos para tomar protesta como diputado federal, algo que la PGR denunció como supuesta ilegalidad, pues Godoy era prófugo de la justicia por un delito grave y ningún artículo del Código Penal Federal ni de la ley de amparo le daba posibilidad al juez Cázares López para conceder la protección de la justicia federal.

Otros motivos de la sanción fueron haber sobreseído (cancelado) un proceso penal derivado del michoacanazo, cuando debió dictar libertad bajo reservas de ley para dejar en posibilidad a la PGR de que retomara el caso, perfeccionar la averiguación previa y volver a ejercitar la acción penal.