El Centro de Análisis Multidisciplinario del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer un informe sobre las consecuencias que tendrá la reforma laboral preferente en el sector laboral, en el que señala que la iniciativa que impulsan (Felipe) Calderón y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) legaliza de distintas maneras el abaratamiento y precarización de la fuerza de trabajo en México y provocará una mayor concentración de recursos en el sector empresarial, así como mayor disparidad en la distribución de la riqueza en el país.

El informe, titulado Reporte 102 CAM-UNAM: una nueva crisis para los trabajadores mexicanos, detalla que la aprobación de esta iniciativa implicará un retroceso de las condiciones laborales, es decir, un retorno a las peores condiciones de explotación; garantiza que el nivel de ganancia de los empresarios sea cada vez mayor, y sobre todo, deja un vacío en lo que se refiere al pago de salarios en las nuevas modalidades de contratación, como el de pago por hora, donde las remuneraciones quedarán a discreción de los patrones.

También expone que la reforma propuesta por el presidente Calderón es completamente favorable a los intereses de los dueños del capital, y va en contra de las conquistas alcanzadas por la clase trabajadora mexicana, emanadas de la Revolución Mexicana de 1910, que costaron la vida de millones de trabajadores y campesinos, las cuales fueron plasmadas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917.

La iniciativa que hoy impulsan Calderón y el CCE también genera inestabilidad e inseguridad laboral para los mexicanos; facilita los despidos, disminuye las responsabilidades del patrón y legaliza la sobrexplotación del trabajo impulsando su flexibilización; da cabida a que no haya prestaciones y abona a la precarización de las condiciones de vida de los trabajadores, añade el estudio.

El reporte, elaborado por los economistas Luis Lozano, Cristóbal Reyes, Lizbeth Martínez, Frida Villalobos, Mario Quinta, David Lozano, Irma Otro, David Moctezuma, Jaime Vázquez y Javier Lozano, plantea que la  aprobación de esta iniciativa –ya avalada por las cámaras de Diputados y Senadores– implicará para los trabajadores mexicanos que se perpetúe la barbarie capitalista y sigue la misma línea de las recetas económicas neoliberales que se han adoptado en México desde hace casi tres décadas, cuyo saldo es la pauperización general de la población.

Plantea que mucho de lo que se pretende aprobar ya se da en la realidad, por lo que legalizaría lo ilegal y daría pie a que modificaciones como la subcontratación (práctica empresarial conocida como outsourcing) y la contratación por periodo de prueba se extendieran y generalizaran para todos los trabajadores, lo cual permitiría y promovería la desvalorización de la fuerza de trabajo y su degradación al legalizar la indefensión laboral, ya que la subcontratación sólo ha sido usada por los empresarios como un medio para evadir obligaciones como el reparto de utilidades y la seguridad social, etcétera.

Además, ni en la contratación por periodo de prueba, ni en la de capacitación inicial se generará antigüedad; es decir: los trabajadores que estén contratados bajo alguna de estas modalidades no tendrán derecho a poder pensionarse, pues no se computará para estos fines el tiempo que trabajen dentro de alguna de las nuevas formas de flexibilizar la contratación, detalla el análisis.