on sorpresa, según dijeron, los senadores se enteraron de la mutilación de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo por ellos aprobadas, y sin denunciar quién o quiénes fueron los autores de tal amputación algunos se limitaron a denunciar que “la fuerza de las corporaciones mineras en el país es tal que lograron presionar para que se eliminaran de la reforma laboral ordenamientos que beneficiaban a quienes trabajan en las minas, especialmente de carbón, y establecían sanciones mínimas para las empresas que incumplen con las medidas de higiene y seguridad. De la minuta de esa reforma laboral, que se discutió ya en ambas cámaras y está de regreso en San Lázaro, se borró ‘misteriosamente’ parte de un artículo en su paso al Senado, donde PRI y PAN votaron en contra de que se reintegrara lo perdido y se establecieran otros ordenamientos para proteger al gremio minero” (La Jornada, Andrea Becerril).

De acuerdo con la versión oficial, nadie supo, nadie sabe, pero lo cierto es que del texto originalmente aprobado por los inquilinos del faraónico edificio de Reforma desapareció lo siguiente: “Artículo 343-E… III. Prisión de 3 a 6 años y multa hasta de 5 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal cuando por la omisión produzca la muerte de uno o varios trabajadores. IV. Prisión de 6 a 9 años y multa hasta de 10 mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal cuando se produzca la muerte de uno o varios trabajadores por la realización de trabajos de extracción de carbón, mediante tiros verticales a profundidades menores de 100 metros y en cuevas y pozos carboneros, cuando se realicen trabajos de extracción de carbón en tiros verticales en forma artesanal, sin contar con las licencias, permisos y autorizaciones requeridas para este tipo de obras y donde no se observen las medidas de seguridad que correspondan, para proteger la vida de los trabajadores”.

Como se lee, un texto demasiado largo y comprometedor para los intereses de los barones de la minería como para que simple o casualmente se perdiera o desapareciera entre lo que se aprobó en Reforma y se regresó a San Lázaro, del Senado de la República a la Cámara de Diputados. Pero nadie sabe quién fue, según dicen. Para nadie es un secreto que ha resultado rotundamente fallido cualquier intento de (ya no se diga meter en cintura) acotar los enormes privilegios de quienes se embolsan las multimillonarias ganancias que les deja la vastísima riqueza minera nacional, alegremente concesionada al capital privado, nacional y extranjero, por el gobierno federal desde tiempos de Salinas de Gortari, aunque especialmente en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón (sólo este par le entregaron algo así como 26 por ciento del territorio de la República).

Nada sorprendente, pues, la citada mutilación. De hecho, en materia minera lo registrado días atrás en el Senado en realidad es la norma, y no la excepción, como también lo es en San Lázaro, porque de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, en las últimas tres legislaturas (de la LX a la LXII) en el Congreso mexicano se presentaron no menos de 55 iniciativas de ley para, tentativamente, acotar el inconmensurable poder de los barones de la minería, pero el resultado fue catastrófico: de esas 55 iniciativas, 51 fueron rechazadas o se enviaron a la congeladora parlamentaria. Lo anterior es igual a que 93 por ciento de los intentos fracasaron; las cuatro iniciativas que sí se aprobaron fueron descaradamente favorables a los citados barones.

Cada vez que algún legislador iluso intenta presentar una iniciativa de ley en el sentido descrito líneas arriba, entra en acción el ejército de cabilderos de los barones mineros, que incluye un mundo de ex funcionarios al servicio de los corporativos, legisladores en activo y, la joya de la corona, el propio gobierno federal. Resultado concreto: 93 por ciento de tales iniciativas terminan en el bote de la basura, y las escasas que son aprobadas sólo favorecen a los contados beneficiarios de esta República concesionada.

El Cesop considera que las numerosas propuestas legislativas que buscan un replanteamiento del marco fiscal de las actividades mineras en México permiten confirmar que este tema es una preocupación recurrente de los miembros del Congreso de la Unión. Sin embargo, esa preocupación no se ha traducido aún en reformas encaminadas a satisfacer los planteamientos que los legisladores detallan cuidadosamente en las exposiciones de motivos de las diferentes iniciativas en materia fiscal sobre la minería nacional. De ahí que aspectos como el pago de derechos por concesiones o la figura tributaria de pago de regalías mineras o de impuestos a la extracción de minerales, sean algunos de los temas más constantemente mencionados por los especialistas como esenciales en una revisión de la legislación tributaria del ramo. En los hechos, algo de ruido y nada de nueces.

Por ejemplo, el pasado 14 de diciembre, tres senadores (el panista Ricardo García Cervantes, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, hoy diputado, y Ericel Gómez Nucamendi, de Convergencia) presentaron una iniciativa para la creación de la Comisión Nacional Reguladora de la Industria del Carbón, organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, que tendría entre sus objetivos impedir la operación de yacimientos clandestinos; frenar la violación de los derechos humanos y laborales de los trabajadores; evitar accidentes que provoquen muertes y promover y orientar el desarrollo económico sustentable de la minería del carbón. Además, acusaba al gobierno federal de ser el primero en incumplir la legislación minera vigente. ¿Qué sucedió? Se presentó al pleno, y de inmediato se turnó a las comisiones de comercio y fomento industrial y de estudios legislativos, segunda, y allí se mantiene en riguroso clima polar.

Caso similar lo aporta el propio Arroyo Vieyra, quien en septiembre de 2009 presentó una iniciativa para “modernizar el marco fiscal de la industria minera y obligarla a pagar impuestos con base en las ganancias que obtiene, en el entendido de que el pago de derechos por explotación de los territorios concesionados es no sólo un asalto al erario y una aberración económica, sino un verdadero insulto a la nación, toda vez que las tarifas van de 5 a 101 pesos por hectárea concesionada, y nada más. El legislador tardó más en subir a tribuna que el pleno en congelar la iniciativa.

Las rebanadas del pastel

Contundente, pero algunos legisladores se dicen sorprendidos.

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