n informe enviado por la Secretaría de Economía a la Cámara de Diputados da cuenta del fracaso de las políticas oficiales en materia de empleo para los sectores más depauperados del país: en los primeros tres trimestres del año en curso, el Programa de Generación de Empleo en Zonas Marginadas, a cargo de la referida dependencia, sólo pudo crear unas 500 plazas laborales para los mexicanos en condición de muy alta y alta pobreza, unos 17.8 millones, de acuerdo con cifras referidas en el mismo documento.

Así pues, y si la creación de puestos de trabajo en el país ha acusado un déficit pronunciado para la población en general en el actual sexenio, en el caso de las zonas de mayor rezago social esa generación es prácticamente inexistente.

Dicho fracaso se complementa con el incremento del número de mexicanos en situación de pobreza, que creció 8.7 por ciento entre 2008 y 2010, lo que equivale a 13 millones de personas. Con tales niveles de depauperación, no resulta extraño que sean infructuosos los programas orientados a promover la instalación y operación de centros productivos en localidades marginadas del país: a fin de cuentas, en un entorno social en el que imperan la pobreza, la miseria, la exclusión y la marginación, es prácticamente imposible que florezca un mercado interno sobre el cual puedan impulsarse la industria, el comercio y los servicios, por más subsidios, créditos y deducciones fiscales que puedan otorgar las autoridades económicas.

Por otra parte, resulta inevitable cotejar este crecimiento de las carencias sociales durante la administración actual con el incremento de la violencia delictiva y la pérdida del control, por parte del Estado, de regiones enteras. Durante años se ha señalado, en todos los tonos y desde diversos sectores de la sociedad, la relación causal entre la pobreza, la marginación, el desempleo y las carencias educativas y de salud, con el desarrollo de los fenómenos delictivos que azotan al país. Debiera ser, pues, indiscutible, incluso para el gobierno federal, que por mucho que se persiga a los grupos criminales, estos no podrán ser derrotados definitivamente en tanto sigan siendo una de las perspectivas de supervivencia –además de la migración y la mendicidad– para millones de personas.

En suma, la corrección de la circunstancia descrita no se podrá dar mediante programas aislados, sino mediante la atención de las terribles distorsiones que dan origen a los rezagos sociales, empezando por el incumplimiento de derechos consagrados en la Constitución: al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación, entre otros. Para ello se requiere, a su vez, de un cambio de rumbo radical en la conducción económica del país, la cual, desde hace casi tres décadas, se ha orientado a satisfacer los intereses del capital y no las necesidades de las mayorías, y ha llevado a la abdicación del Estado respecto de sus obligaciones elementales en materia económica y social.