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Debate en Bolivia por la nueva ley de la madre tierra
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 28 de octubre de 2012, p. 21

Cochabamba, 27 de octubre. Días después de que el presidente boliviano Evo Morales Ayma proclamó la ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien, se ha generado un debate interesante en torno al modelo de desarrollo a implementar en el país.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo, junto con organizaciones indígenas y campesinas, respaldan la medida, mientras los sectores empresariales han expresado su rechazo y solicitan la modificación de algunos artículos, pues consideran que contravienen sus intereses.

Cabe recordar que la norma contempla, entre otras cosas, la democratización del acceso a los componentes de la madre tierra, fundamentalmente al agua y la tierra; la eliminación de la concentración de la propiedad de la tierra o latifundio (artículo 19); la democratización del acceso a los medios y factores de producción, y la promoción de formas comunitarias de producción.

También establece la democratización del sistema financiero y prioriza el desarrollo de los productores históricamente excluidos (artículo 20). Prohíbe la producción y el uso de semillas genéticamente modificadas, regula el uso de plaguicidas, contempla la erradicación gradual de los cultivos de organismos modificados y promueve la agricultura familiar, lo cual ha generado el rechazo de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo y de la Cámara Agropecuaria del Oriente.

Los empresarios, quienes ya han solicitado un encuentro con el presidente Morales con el propósito de revisar algunos artículos de la ley, argumentan que esas medidas atentan contra la estructura de producción de alimentos y que sus ganancias se verían disminuidas.

Por su parte, el vicepresidente Álvaro García declaró que el principal objetivo de la norma es la no depredación de la naturaleza y que dicha ley representa el marco para planificar el futuro del país en materia de medio ambiente y producción de alimentos.

Para el funcionario, dicha ley significa una ruptura con el capitalismo verde y garantiza los derechos de la naturaleza a preservarse, los de los seres humanos a vivir bien y los de los pueblos a autogobernarse.