La Procuraduría General de la República (PGR) llamará a más de 40 ex funcionarios de alto nivel de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de esa dependencia, para que declaren dentro de la averiguación previa que se inició tras el descubrimiento de una red de corrupción relacionada con el manejo de la flota aérea de la institución ministerial.

En tanto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf, antes Siedf) mantendrá el despliegue de 230 agentes del Ministerio Público y más de cien policías federales ministeriales hasta que declaren los más de 700 empleados de la DGSA, de los cuales más de 200 ya han sido interrogados en diligencias que han tomado entre una y cuatro horas en las bases de Guadalajara, Cuernavaca y el Distrito Federal.

De acuerdo con información obtenida de trabajadores y funcionarios federales, durante las actuaciones realizadas el jueves y viernes se detectó que en algunos vehículos particulares, propiedad de empleados de la DGSA, se guardaban piezas de aeronaves, notas relacionadas con adquisiciones de partes y hasta herramientas que debían estar bajo resguardo en los talleres institucionales.

Entre los funcionarios que serán llamados a comparecer, pero de los cuales no se reveló su identidad, se encuentran ex director de administración y finanzas de la DGSA, ex subdirector de recursos materiales y servicios generales, ex jefe de seguridad aérea, ex director general adjunto de operaciones aéreas y ex director de mantenimiento mayor y del mantenimiento de aeronaves en campaña.

A decir de las fuentes oficiales, en la averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/SP/3415/2012 y en las investigaciones iniciadas por la visitaduría de la PGR y el Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, se han integrado los resultados de la auditoría operativa y técnico-administrativa que realizó la empresa estadunidense JDA Aviation Technology Solution, integrada por especialistas retirados de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

La Jornada dio a conocer en septiembre pasado que la empresa JDA fue contratada a solicitud expresa de la procuradora Marisela Morales Ibáñez para realizar la auditoría, toda vez que el presidente de JDA, Joseph del Balzo, fungió como administrador interino de la FAA y como administrador adjunto de operaciones y desarrollo de sistemas y director del centro técnico de ese organismo, lo que ha permitido que se realicen investigaciones como la realizada en 2005, cuando miembros de esa empresa participaron en una revisión operativa de la compañía Aerovías del Continente Americano (Avianca), que descubrió que a cuatro aviones Boeing de esa empresa se les realizaba mantenimiento inadecuado.

La auditoría se inició en mayo, pero fue hasta agosto cuando se conocieron los primeros resultados: sólo cinco de las 90 naves estaban en condiciones de volar sin riesgos; el avión que utilizaba la procuradora para asistir a una reunión en Chile tenía el parabrisas astillado, lo que podría provocar su desplome en cualquier momento; por tanto, se determinó parar toda la flota y desde los primeros días del pasado mes de septiembre han sido rentadas varias naves para traslados de mercancía, funcionarios y detenidos.

La Siedf realiza la toma de declaraciones a empleados y ex empleados de la DGSA. A todos aquellos que el jueves abandonaron la llamada Base México, que se localiza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se les enviará citatorio para que comparezcan, señalaron funcionarios de la PGR.

De julio a septiembre fueron despedidos 69 empleados de la DGSA por no acreditar los exámenes de confianza, 49 trabajaban en áreas de mantenimiento y 20 restantes como pilotos; según autoridades federales más de 170 empleados más que aún laboran en Servicios Aéreos de la PGR, reprobaron los exámenes de confianza y están en proceso de ser removidos.