Buenos Aires, 24 de octubre. La decisión del jefe de gobierno de Buenos Aires, el empresario derechista Mauricio Macri, de vetar la ley de aborto no punible, votada por mayoría en la legislatura porteña, produjo reacciones de legisladores de distintos partidos políticos que consideraron el acto nefasto para la democracia y un grave retroceso en los derechos logrados por las lucha de las mujeres.

Organizaciones sociales reaccionaron de inmediato llamando a movilizaciones y denunciando que una vez más vuelven a vulnerarse los derechos de las mujeres, pues Macri sigue empeñado en desconocer el ámbito democrático legislativo imponiendo el veto ante decisiones de la Legislatura, incluso votadas por sus propios diputados.

El veto tergiversa párrafos del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que dice que en caso de violación o cuando hay riesgos para la salud, la mujer puede acceder a un aborto no punible.

Lo mismo sostuvo Dora Martínez, secretaria gremial de Central de Trabajadores Argentinos, que integra el equipo de género de esta organización sindical a escala nacional. Denunció que este es un desconocimiento autoritario del derecho de las mujeres y responde a una lógica de pensamiento muy asociada a las presiones de la Iglesia católica.

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Otras denuncias mencionan que el jefe de gobierno de la derechista Propuesta Republicana favorece el negocio del capital privado de la salud, pues los abortos se hacen y por miles, y una interrupción del embarazo sin riesgo cuesta en consultorios privados por arriba de mil o mil 500 dólares en lugares sin ningún control.

Recientemente una mujer que había sido secuestrada por un grupo y obligada a ejercer la prostitución, y que logró escapar, pidió realizarse un aborto en un hospital público autorizado para esto, pero fue impedida por el jefe de gobierno. En esos días un sacerdote del hospital pasó los datos de la joven a un grupo ultracatólico que se manifestó frente a su casa y la sometió a una grave humillación frente a vecinos y familiares que ignoraban la situación.

Manuela Castiñeira, de la organización Las Rojas, dijo que el veto no es una sorpresa, pero demuestra que los abortos punibles son un terreno de disputa permanente con los sectores de la Iglesia, que son los que intervienen, y mencionó la necesidad de separar la Iglesia del Estado.