Las demandas que el gobierno de Puebla presentó contra dos comunicadores por abuso de la libertad de expresión –y que haría extensivas a otros 17– son un amago contra periodistas que resultan incómodos al mandatario estatal, Rafael Moreno Valle, quien prefiere intimidarlos en vez de protegerlos y transparentar el uso de recursos en propaganda oficial, señalaron especialistas.

Rogelio Hernández, director de la Casa de los Derechos de Periodistas, afirmó que, al margen de si las quejas tienen sustento, la actitud del gobierno poblano deja ver la intención de amedrentar a quienes abordan temas poco gratos para Moreno.

En vez de crear una ley de protección para periodistas y una fiscalía especial contra las agresiones a ellos, o transparentar el gasto gubernamental en publicidad, las autoridades de Puebla quieren inhibir a los periodistas. Si el gobernador quiere cambiar las relaciones con la prensa, no es así como lo va a lograr, advirtió.

Omar Rábago, oficial de libertad de expresión y protección de periodistas de la organización Artículo 19, coincidió en que las demandas contra Fabián Gómez Hernández, director del portal de Internet Contraparte Informativa, y Adrián Ruiz, columnista del periódico El Heraldo de Puebla, buscan intimidar a los periodistas que asumen una actitud crítica frente a Moreno Valle, con la excusa de proteger el honor de los servidores públicos del estado.

“Aunque oficialmente está prohibida la censura, cualquier intento de defender la ‘honra’ o la ‘reputación’ de los funcionarios es un intento de acallar al gremio periodístico en general, pues el debate acerca de los estándares de libertad de expresión sobre figuras públicas debe ser abierto”, aseveró.