El contralor general del Gobierno del Distrito Federal, Ricardo García Sainz, alertó que es previsible que la especulación inmobiliaria y el mal uso del suelo en la ciudad de México se incremente, por lo que es pertinente hacer una revisión profunda del marco normativo para evitar la proliferación de construcciones irregulares y la violación constante al proyecto urbano.

En su comparecencia ante la Comisión de Administración Pública Local, el servidor público expresó que el crecimiento desordenado de la ciudad de México es un fenómeno que merece particular atención, porque no es novedad que las denuncias vecinales con motivo de la edificación de inmuebles que no cumplen con las normas se hayan incrementado considerablemente en los meses recientes.

Esa situación, añadió, ameritó la coordinación de esfuerzos con las áreas involucradas del gobierno central, así como la colaboración de organizaciones vecinales, para encontrar las vías jurídicas e institucionales para abatir este fenómeno.

Aseguró que esta estrategia jurídica ha empezado a contener la proliferación de construcciones irregulares en delegaciones en la mira de los desarrolladores inmobiliarios como Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, entre otras.

El papel de jueces

Sin embargo, admitió que mientras las vías de solución pasan por el ejercicio del derecho a la defensa jurídica, la actuación gubernamental está a expensas de las instancias judiciales que reiteradamente han concedido medidas cautelares de protección a las inmobiliarias, situación que éstas han aprovechado para continuar con las construcciones, haciendo cada vez más tortuosa la solución del problema.

Dijo que la actuación de las autoridades está limitada por la ley, y muchas veces se les acusa de cómplices o encubridores, cuando el funcionario cuestionado ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las normas.

Ante ello, señaló que la legislación en materia de uso de suelo debe ser revisada profundamente, no sólo en cuanto a dar certeza jurídica, sino también en el sentido de revaluar la vocación de la ciudad, porque muchas de las normas actualmente vigentes no quedan dentro de la realidad.

“En ese sentido –abundó–, lo que ocurre son una gran cantidad de desviaciones y un campo propicio a la corrupción. Ahí me parece que tenemos la responsabilidad conjunta de que la legislación sea acorde con la realidad y de que esa legislación responda a las necesidades y al equilibrio que debe existir dentro de la ciudad”, apuntó.