Ante el hecho de que hay insecticidas, aparatos electrónicos y productos antiadherentes que cotidianamente se usan en los hogares y contienen sustancias tóxicas, como plomo o mercurio, las autoridades ambientales y de salud expresan desinterés para cuidar el entorno, señaló la organización Fronteras Comunes.

En la presentación de la guía Tóxicos en el hogar, elaborada por Marisa Jacott, Lilia América Albert y Azucena Franco, las autoras plantearon que la industria química fabrica miles de sustancias sin informar sobre los efectos a la salud y al ambiente.

Marisa Jacott, directora de la organización, consideró que no debe permitirse la fabricación, importación y venta en México de productos prohibidos en otros países, debido a las prácticas de doble estándar de las compañías.

Apuntó que hay que implantar políticas públicas frente a la contaminación que ocasionan esas sustancias tóxicas y lograr su prohibición y sustitución, así como desincentivar los actuales patrones de consumo insostenibles que obedecen a necesidades creadas por el mercado para vender miles de productos innecesarios que contaminan.

Fronteras Comunes busca incidir en la promulgación de un nuevo marco regulatorio ambiental en materia de sustancias químicas peligrosas en México, cuyo eje rector sean los principios de precaución, lo que significa que no hay grado seguro de exposición ni nivel de riesgo aceptable, por lo que las empresas tendrán que poner productos en el mercado sólo si comprobaron su inocuidad, y sustituir sustancias tóxicas por otras que no lo sean, tal como se aplica en la legislación europea y de Canadá.

Propone la aplicación efectiva de los convenios firmados por México en materia de protección química, como el Convenio de Estocolmo y el Enfoque Estratégico para la Gestión Internacional de las Sustancias Químicas.

Demandó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al Congreso de la Unión legislar en materia de sustancias químicas para proteger a la población y al ambiente, que prohíba el uso de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables en productos y ordenar medidas obligatorias para la responsabilidad extendida del productor, a fin de que éste se haga cargo de sus productos una vez terminada su vida útil.

Demandó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependiente de la Secretaría de Salud, que realice las acciones necesarias para impedir la venta de productos que afectan la salud y el ambiente, y que elimine los que contengan sustancias que ya no se utilizan en otros países.