La protesta de los normalistas de Michoacán llegó ayer a la ciudad de México, donde integrantes de asambleas populares y de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) tomaron cuatro horas la sede de la representación del gobierno de Michoacán en el Distrito Federal para exigir la liberación de ocho estudiantes de la Normal de Tiripetío, detenidos el pasado 15 de octubre.

Al filo del mediodía, medio centenar de normalistas y jóvenes ingresaron a las instalaciones y aceptaron salir luego de iniciar una negociación con el subsecretario de Gobierno capitalino, Juan José García Ochoa, quien aceptó retirar a los granaderos que acudieron a la sede, así como evitar represalias en contra de los participantes.

Antes, el secretario de Educación Pública, José Ángel Córdova Villalobos, reiteró que está dispuesto al diálogo, pero debe quedar claro que no vamos a quitar computación e inglés, porque esa es la formación que les demandarán sus alumnos y los maestros deben estar preparados.

En la Cámara de Diputados los legisladores aprobaron crear un grupo plural de trabajo, el cual hará la mediación y conciliación entre los normalistas y el gobierno de Fausto Vallejo.

Aunque PRI, PAN y PVEM votaron en favor, atribuyeron el conflicto a los estudiantes, e incluso el tricolor afirmó que con la detención de los jóvenes, Vallejo restauró el estado de derecho en la entidad.

La protesta llega a la SG

En la tarde, la protesta llegó a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (SG). Ahí se realizó un mitin para exigir la liberación de los normalistas detenidos; participaron una decena de oradores frente a una valla metálica custodiada por unos 250 elementos de la Policía Federal.

Al respecto, el gobernador Fausto Vallejo expresó su preocupación por los hechos del Distrito Federal y, luego de reprobar las amenazas de encapuchados que con palos, cadenas y chacos irrumpieron violentamente en la representación del estado, pidió al gobierno de Marcelo Ebrard que haga valer la ley y se identifique a los responsables.

En tanto, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos presentará una denuncia internacional ante organismos como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas por tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza de policías federales y locales, con base en el testimonio de una treintena de jóvenes. Ayer por la tarde, la asociación presentó también una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los actos señalados.