Organizaciones sociales exigieron aclarar los asesinatos de Ismael Solorio Urrutia, dirigente de El Barzón en Buenaventura, y de su esposa Manuela Martha Solís Contreras, perpetrados el pasado lunes cuando viajaban por la carretera Cuauhtémoc-Alvaro Obregón. Asimismo, realizaron un homenaje de cuerpo presente en el patio central del palacio de gobierno.

Tras una larga noche de negociaciones, interrumpidas por dos intentos de desalojo, el gobernador César Duarte Jáquez se comprometió a detener a los asesinos materiales e intelectuales, suspender los trabajos de exploración de la minera Mag Silver, derribar las presas ilegales construidas por los menonitas en el río Del Carmen, clausurar los pozos ilegales en el noroeste del estado y proteger a otros ocho dirigentes amenazados de muerte.

Después del mediodía, cientos de barzonistas arribaron al patrio central de palacio de gobierno con los ataúdes de Ismael Solorio y su esposa. Algunos que permanecieron en el inmueble la noche del lunes y la madrugada del martes resultaron golpeados en un enfrentamiento con policías estatales que intentaron desalojarlos a la medianoche.

El patio central se convirtió en una sala funeraria, donde cientos de personas expresaron su indignación. Tres hijos de los activistas acusaron a medios de comunicación locales de propalar una campaña en la que acusaban al líder barzonista de haber amedrentado a trabajadores de la minera.

Los reproches subieron de tono. Algunos barzonistas arrebataron a un camarógrafo su cámara y la estrellaron en el piso. Posteriormente familiares y dirigentes fueron atendidos por funcionarios en la residencia oficial de gobierno.

El gobernador César Duarte Jáquez acudió a la funeraria San Felipe, en la capital de Chihuahua, para dar el pésame a los deudos y repudiar el asesinato de Solorio Urrutia, de quien dijo que era su amigo.

Mientras, el pleno de la Cámara de Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas. El legislador perredista Alfonso Ramírez Cuéllar informó que se envió una carta a Duarte Jáquez y al secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, para exigir la detención de los responsables y el fin de la explotación de los recursos naturales de Chihuahua.

La misiva menciona que el matrimonio ya había sido agredido, y que la minera, con apoyo de los gobiernos estatal y federal, explota el agua, contamina y destruye parcelas.