La creciente impunidad de los grupos de la delincuencia organizada dedicados a colocar dispositivos y tomas clandestinas en oleoductos tendidos a lo largo del país propició que la Cámara de Diputados aprobara un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución turnado a Petróleos Mexicanos, a las secretarías de Energía, Defensa Nacional, Marina, a la Procuraduría General de la República y a la Policía Federal para destinar labores de inteligencia, más recursos económicos y humanos, así como la adquisición de nuevas tecnologías para eficientar las labores de prevención en la comisión del robo de energéticos, mejorando y ampliando la supervisión y vigilancia que se haga sobre la red nacional de ductos, principalmente en las zonas en que se presenta, mayoritariamente, este ilícito.

La argumentación del punto de acuerdo refiere al último reporte oficial de Pemex, donde se identifican 824 tomas clandestinas. En 2012 Veracruz resulta la entidad más vulnerada por este delito, con 114 tomas clandestinas.

Así, el robo de hidrocarburos continuó presentándose en la red nacional de ductos, y al cierre de junio de 2012 el volumen estimado del combustible sustraído a través de tomas clandestinas ascendió a un millón 841 mil 478 barriles, 18 por ciento más que el robado el año pasado.

El legislador panista Julio César Lorenzini adujo que a pesar del esfuerzo de Pemex y de las dependencias encargadas de la seguridad nacional, la problemática ha aumentado y representa pérdidas millonarias.

“Cada vez que roban combustible no sólo están cometiendo un delito; también ponen en peligro la seguridad nacional, al generar mayor riesgo de fugas o incendio, que exponen a las personas que viven en comunidades aledañas a las instalaciones de Pemex.

Cuando existen derrames o fugas se impacta también negativamente el medio ambiente, deteriorándolo en perjuicio de generaciones presentes y futuras, ya que se pone en riesgo el desarrollo sustentable, refirió.

Sobre el particular, Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, señaló que su bancada considera indispensable que diferentes dependencias federales se coordinen para la supervisión de las redes de distribución de Pemex; es necesario que los técnicos que supervisan la red de distribución con aparatos que detectan la baja presión del producto informen inmediatamente a la PGR para que se realicen las investigaciones pertinentes.

También Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, consideró necesario “exigir la responsabilidad directa de Pemex en este asunto, pues no debemos olvidar que la paraestatal ha destinado cientos de millones de pesos en sistemas de seguridad. Por otro lado ha echado mano de servicios de trasnacionales de seguridad privada, mediante la utilización de mercenarios. Por esta razón Pemex no está exento de esta responsabilidad.

Así, debemos frenar la ordeña a Pemex, pero no sólo las tomas clandestinas en los ductos, sino también la ordeña a esta empresa estratégica vía la corrupción que lacera, símbolo del despilfarro y el saqueo de la dirección de Pemex y del sindicato.