El Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna (FMDVD), que representa legalmente a unos 15 mil ocupantes de los conjuntos habitacionales más grandes construidos en el estado de México, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la Procuraduría General de la República (PGR).

José Humbertus Pérez Espinoza, quien encabeza el FMDVD, pidió la intervención de la CNDH para que emita una recomendación a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, a quien acusa de “intentar mandar a la congeladora las averiguaciones previas UEIDFF/ FINM06/173/ 2009 y UEIDSFVCAJ/SP/M-XXII/20/2010, abiertas por fraude, lavado de dinero y delitos contra la administración de la justicia, en contra de Javier Gabito Mohar, director general de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF); Víctor Manuel Borrás Setién, responsable del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); de Manuel Pérez Cárdenas, vocal ejecutivo del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), y en contra también de directivos de varias Sofoles”.

El litigante refirió que entre 1999 y 2011 diversas Sociedades Financieras de Objeto Limitado (Sofoles) otorgaron préstamos hipotecarios sobrevaluados en 50 por ciento de su valor real, pero la PGR se ha negado a ejercitar acción penal contra los responsables de este megafraude.

En la queja que el FMDVD presentó ante la CNDH también se hizo referencia a las amenazas que ha recibido José Humbertus Pérez Espinoza por funcionarios y fiscales de la PGR, que lo han advertido de iniciarle averiguaciones previas y llevarlo a prisión si continúa ejerciendo presión en foros públicos y medios de comunicación en contra de la procuradora Marisela Morales.

Durante los tres años recientes, el FMDVD ha conseguido importantes fallos judiciales con los que incluso ya se abrió la posibilidad de condonar deudas a miles de personas que contrajeron créditos para viviendas que han caído en cartera vencida.

La lucha de cientos de familias mexiquenses que actualmente litigan contra alguna Sofol para evitar ser despojados de sus viviendas, ha tenido eco en los tribunales, mas no en la PGR.

Pérez Espinoza asegura a La Jornada que hay una clara intención desde la PGR para solapar y proteger a altos funcionarios panistas que urdieron, desde sus puestos públicos, lo que el litigante identifica como uno de los fraudes más grandes cometidos en México.

No es cosa menor, dice Pérez Espinoza, pues las víctimas son miles de trabajadores de clase media que cada mes hacen un esfuerzo monumental para pagar los créditos que contrajeron por 10 o 15 años con alguna Sofol, a cambio de obtener una vivienda modesta.

Agrega que en esas dos averiguaciones previas hemos acreditado los elementos de tipo penal para consignar y llevar ante los tribunales federales a los responsables del megafraude señalados con anterioridad; estas conductas delictivas se cometieron en contra de más de 10 millones de mexicanos que adquirieron créditos hipotecarios sobrevaluados hasta en 50 por ciento durante los dos sexenios gobernados por el PAN.

Añade que Morales Ibáñez, en el tiempo que tiene al frente de la PGR, “ha utilizado políticamente la procuración de justicia para proteger a los culpables en este fraude. Cuando tuvo conocimiento (en agosto de 2011) de que el caso del ex presidente municipal de Benito Juárez, Cancún, Gregorio Sánchez, se le venía abajo y sería liberado, ordenó la consignación injusta de unos 40 trabajadores al servicio del Estado, principalmente trabajadores de las Procuradurías General de Justicia del Distrito Federal y del estado de México, por el supuesto fraude que cometieron en contra del Fovissste, por obtener créditos hipotecarios en demasía; pero hoy los trabajadores están logrando su libertad porque no se acreditaron los delitos y los juzgados federales en materia penal les están otorgando los amparos.

Y hay algo que nos preocupa: tenemos conocimiento que nuestras averiguaciones previas en la PGR las quieren enviar nuevamente a reserva, no obstante haberse acreditado los delitos de fraude, peculado, delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. Con esta acción sólo confirmamos que la corrupción sigue imperando en la PGR, puntualizó el litigante.