El gobierno mexicano impugnó la suspensión definitiva con la que un juez federal ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores abstenerse de transmitir al gobierno de Estados Unidos los datos personales de los residentes chiapanecos que, ante una corte de Connecticut, exigen al ex presidente Ernesto Zedillo indemnizarlos con 50 millones de dólares, al responsabilizarlo de ser el autor intelectual de la matanza de Acteal, revelaron fuentes judiciales.

La semana pasada se hizo pública la decisión del juez federal Ricardo Gallardo, titular del juzgado décimo sexto de distrito en materia administrativa, quien el pasado jueves notificó a los demandantes de Zedillo (quienes contrataron despachos de Estados Unidos y México para estos litigios) respecto de dicha suspensión definitiva, como parte de una demanda de amparo en la que los quejosos impugnaron la solicitud de inmunidad diplomática que el gobierno de México presentó a favor del ex mandario ante el Departamento de Estado del país del norte.

Mediante una solicitud de revisión, la Cancillería mexicana pretende que un tribunal colegiado de distrito eche abajo la suspensión definitiva concedida por el juez Gallardo.

El pasado jueves, el juez Gallardo concedió la suspensión para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de realizar acciones de ampliación, modificación o difusión de la solicitud 07654 de 4 de noviembre de 2011, así como de recopilar y difundir los datos personales de los quejosos y remitir la información a Estados Unidos.

La decisión del juez mexicano de mantener bajo reserva los nombres de los demandantes de Zedillo en el caso Acteal, obedece a que los peticionarios del amparo argumentaron al juzgador que si se hacen públicos sus datos personales las autoridades de México o Estados Unidos podrían tomar represalias por la demanda civil que de manera anónima entablaron contra Zedillo, por su presunta responsabilidad en la matanza ocurrida en diciembre de 1997.

El pasado 8 de octubre fue admitida la demanda por el juez Gallardo.

En el documento de petición de amparo –elaborado por un despacho privado cuya identidad es hoy un misterio— se reclama como ilegal la petición que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores al Departamento de Estado estadunidense, que en septiembre pasado solicitó a la corte de Connecticut el desechamiento de la demanda contra Zedillo con el argumento de la inmunidad de los jefes de gobierno ante litigios civiles de este tipo.

La demanda de garantías sostiene que es inconstitucional la petición que hizo el presidente Felipe Calderón, ya que no utilizó los canales jurídicos internacionales correspondientes.

El juicio de amparo podría tomar más de un año para llegar a una sentencia definitiva, y aún no está claro el efecto que tendría en el proceso judicial que se lleva en Estados Unidos.