El lavado de dinero en México asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, informó la la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con el informe semanal de su vocería, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es un fenómeno delictivo que afecta a todos los países del mundo. Por ello, manifestó, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que fue aprobada por la Cámara de Senadores en lo general y por unanimidad el pasado 11 de octubre, protege al sistema financiero y al resto de la economía contra este delito.

Además, destacó que dicha ley define medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos de operaciones que involucren recursos ilegales.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que la suma total de fondos blanqueados en el mundo podría variar entre 2 y 5 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial, además de que los recursos de procedencia ilícita pueden ser transferidos con facilidad y de forma inmediata de una jurisdicción a otra.

En el informe de Hacienda se afirmó que la estabilidad financiera mundial depende de la adopción de medidas colectivas a escala internacional, pero también de la eficacia de los sistemas nacionales.

Las sólidas estructuras de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo son un pilar fundamental del sistema internacional de regulación, supervisión y fortalecimiento del marco financiero mundial.

En este sentido, destacó que la reciente Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en México adopta los criterios internacionales más avanzados en el mundo en materia de lavado de dinero.

Asimismo, establece un sistema de vanguardia para la prevención y combate a este delito en el país, con el objeto de proteger el sistema financiero y la economía nacional. Dicha labor la llevará a cabo una coordinación interinstitucional, con el objetivo de recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

La dependencia resaltó que algunas de las características que destacan en la nueva legislación antilavado son las restricciones a operaciones comerciales y financieras susceptibles de lavar dinero, y la verificación de la identidad de clientes y usuarios de entidades e intermediarios no financieros.

Asimismo, se definen nuevas obligaciones para entidades financieras para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones consideradas vulnerables, y nuevas facultades a la SHCP y la PGR para recabar información que permita cortar con el flujo de dinero proveniente de grupos delictivos.