A pesar de la mediación del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y de un grupo de cinco notables, continúa la suspensión de actividades en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), iniciada el 28 de agosto pasado, cuando estudiantes inconformes con la elección del Consejo Universitario (CU) tomaron los planteles.

Llegada a la rectoría de esa universidad en mayo de 2010, luego de haber ocupado la dirección del Instituto de Ciencia y Tecnología (ICT) del Distrito Federal, María Esther Orozco Orozco ha generado el rechazo de un sector de esa comunidad, que la considera opuesta al modelo con el cual se creó la UACM.

En mayo de 2011, Orozco cuestionó la calidad de varios profesores, a quienes acusó de no contar con grados académicos, si bien en septiembre de 2012, el académico Javier Gutiérrez Marmolejo la denunció penalmente por no contar con título y cédula profesional para el ejercicio de su profesión.

Desde 2010, el Sindicato Único de Trabajadores de la UACM denunció que la rectora retuvo las cuotas sindicales, y en julio de 2011 la Asamblea Universitaria –hoy comité tripartita integrado por el Consejo Estudiantil en Lucha (CEL), el Foro Académico y los Consejeros en Defensa del Voto– señaló que la rectora contrató como asesor a José Antonio Cid Ibarra, vinculado a la ex diputada local del Panal Gloria Cañizo y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

En junio de 2012, la historiadora Ángeles Magdaleno Cárdenas denunció que el GDF hizo pagos onerosos por la serie de televisión Gregoria la cucaracha, producida por Teatro Cabaret Las Reinas Chulas, de Nora Isabel Huerta Camacho, quien cedió  los derechos al ICT cuando estaba a cargo de María Esther Orozco Orozco. Además de que la serie fue dirigida por Alejandra Sánchez Orozco, hija de la rectora.

La crisis

En agosto pasado, la elección del CU, máximo órgano de gobierno de la UACM, arrojó saldo demoledor para el bando de Orozco, cuyos opositores obtuvieron 33 de los 55 espacios, pero el representante del consejo electoral, Adalberto Robles Valadez, anuló esos resultados, con la finalidad de eliminar del consejo a ocho opositores a Orozco y beneficiar a cuatro orozquistas que no ganaron en las urnas.

Entre los consejeros orozquistas están Miguel Ángel del Moral, miembro adherente del PAN-DF, y el líder de taxistas piratas de Cuautepec, Jacobo Venegas.

El 28 de agosto, tras varios escarceos con los opositores al paro, el CEL tomó los planteles San Lorenzo Tezonco, Del Valle y Centro Histórico, y días más tarde los de Casa Libertad y Cuautepec.

En este último, el 9 de septiembre, un grupo de taxistas piratas irrumpió para oponerse a los paristas, y el 3 de octubre se enfrentaron estudiantes en favor y en contra del paro; armados con hachas y pinzas, los segundos lograron recuperar el plantel, pero por la noche fue retomado por los paristas.

A raíz de ese hecho se integró una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, en la que intervinieron, por el GDF, el secretario de Educación, Salvador Martínez Della Rocca; el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa, y Javier González Garza, en representación del mandatario local. Como observadores: Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y un grupo de cinco notables, que se encargarían de emitir un dictamen para resolver la crisis.

El 6 de octubre, las partes se comprometieron a convocar a la primera sesión del CU para analizar las demandas estudiantiles y la entrega de los planteles.

Sin embargo, no llegaron a un acuerdo para cumplir las resoluciones del grupo de notables, quienes recomendaron instalar el tercer Consejo Universitario con los miembros que no fueron impugnados y convocar a una nueva elección para esos casos.

Las negociaciones están estancadas luego de que el 18 de octubre la rectora no asistió a la instalación del Consejo Universitario.