Guadalajara, Jal., 20 de octubre. La ley antilavado promulgada esta semana no tipifica áreas de la economía susceptibles de incurrir en actos ilícitos, como la compraventa de ganado.

Hay sectores que no están incluidos. Ejemplo: todo el tema de la compraventa de ganado, que es una industria de fuerte lavado de dinero, dijo Marco Antonio Fernández, director general de Control Environment Solutions, durante una conferencia dictada en la 20 Convención Nacional de Correduría Pública.

No obstante, destacó que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece que las actividades económicas que no estén tipificadas estarán asociadas a las leyes que se aplican desde el punto de vista financiero o aplicables a los códigos de comercio o de sociedades mercantiles.

El especialista consideró que el reglamento de la ley antilavado está próximo a publicarse y confió en que en él se definan todos los detalles, incluyendo el asunto de las actividades no tipificadas.

No hay sector específico que sea más vulnerable, pero esta ley trata de abarcar al mayor número de actividades del sector económico que pueden ser utilizadas para las actividades ilícitas, y existen todavía oportunidades en sectores que en alguno momento serán regulados, estimó Fernández.

Cumplimientos

Durante una ponencia, el consultor dijo que la ley antilavado tiene su antecedente en los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989 y conformado por 33 países y organizaciones regionales que luchan contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Ese organismo establece que los países cumplan con 40 requerimientos en temas de prevención del blanqueo de dinero y nueve más sobre financiamiento al terrorismo, y cada país que quiera asociarse al GAFI necesita cumplirlos. La importancia de que México se adhiera al GAFI es evitar que se reduzcan las líneas de crédito con entidades como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

La última evaluación a México fue en 2008 y no salió bien calificada por el GAFI, expuso Fernández. Indicó que un país no bien calificado corre el riesgo de que se le reduzcan las líneas de crédito.

En opinión del especialista, la ley antilavado tampoco tipifica a la mayor cantidad de los involucrados o fedatarios de las operaciones mercantiles (gatekeepers), como lo requiere el GAFI. Y un ejemplo de ello son las operaciones de avalúos.

Aunque el directivo de la consultora negó que la ley tenga lagunas de tipo jurídico, insistió en su recomendación de esperar la publicación del reglamento para evaluar los alcances de las nuevas disposiciones.

Los corredores públicos, al igual que los notarios, son las figuras relevantes en la ley antilavado debido a su función de fedatarios públicos y su intervención en avalúos de activos tangibles e intangibles y operaciones mercantiles.