La organización Alianza Cívica emitió un informe, tras las elecciones del pasado 1º de julio, en el cual concluyó que existe una correlación entre el dinero de las campañas políticas y los resultados electorales.

En momentos en que el Instituto Federal Electoral (IFE) realiza la fiscalización de las campañas, a fin de entregar los resultados de las auditorías, a más tardar en enero de 2013, los partidos que integraron la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano), incorporaron dicho informe como otro elemento de prueba del presunto rebase de topes de campaña de Enrique Peña Nieto.

Los documentos presentados por la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador no fueron acreditados como válidos por el tribunal electoral, durante el juicio de inconformidad de la elección presidencial; por ello, la última alternativa para sustentar el rebase de gastos del priísta es la indagatoria a cargo de la Unidad de Fiscalización del IFE, actualmente en marcha.

Las conclusiones de Alianza Cívica fueron elaboradas con base en el trabajo de 500 observadores acreditados, quienes levantaron datos en 21 entidades.

Según el análisis, presentado a la opinión pública pocos días después de la jornada electoral del 1º de julio, en 21 por ciento de las casillas hubo reportes de violación al voto secreto.

En tanto, reportó que casi 30 por ciento de los ciudadanos encuestados estuvieron expuestos al menos a una práctica de compra y coacción del voto.

En el informe, este grupo no gubernamental detalla lo que en sus consideraciones resultó en violación al secreto del voto, acarreo, fallas en el cómputo de los votos, por la variedad de candidatos y coaliciones válidas, así como la influencia del factor dinero en la contienda.

Como ya reportamos, las prácticas de compra y coacción del voto han aumentado en los últimos procesos electorales (2009 y 2012) y han permeado en la cultura política de muchos mexicanos. Todos los partidos utilizan en mayor o menor medida el regalo o la presión para violentar los derechos políticos y sociales del ciudadano, indicó.

Por tal motivo, insiste en la necesidad de reducir el financiamiento a los partidos políticos; prohibir a estos adquirir o promover su campaña a través del uso de despensas, regalos, tarjetas, animales, etcétera, pues estos han servido para incentivar la compra y coacción del voto.