Organizaciones civiles agrupadas en la Red de Vigilancia Interamericana por la Defensa y el Derecho al Agua (Red Vida) manifestaron su preocupación al constatar la gravedad de los conflictos por el agua que enfrentan las comunidades urbanas, campesinas e indígenas de México, producto del modelo de despojo extractivista impulsado por el Estado mexicano, en colusión con empresas trasnacionales al celebrar en la ciudad de México su Cuarta Asamblea Hemisférica.

Consideran graves los estragos al ambiente y la salud humana que provoca la actividad minera, presente en 30 por ciento del territorio nacional mediante 25 mil concesiones de 200 empresas trasnacionales.

En la declaratoria del encuentro también manifiestan su oposición a los procesos privatizadores de los sistemas de agua y plantas de tratamiento, así como la construcción de represas.

Demandamos la cancelación inmediata de la construcción de la presa El Zapotillo en el estado de Jalisco. Declaramos que estaremos atentos a estas luchas y nos comprometemos a respaldar las demandas de las organizaciones y movimientos sociales.

El documento denuncia acciones privatizadoras, criminalización de activistas y construcción de megaproyectos mineros en varios países de la región, como Colombia, Ecuador, El Salvador, Uruguay y Costa Rica.

Los participantes también celebraron un foro sobre la inclusión del derecho al agua en las constituciones y concluyeron que la construcción de una ley en la materia debe ir de abajo hacia arriba y tomar en cuenta la cosmovisión de los pueblos.

Se reflexionó sobre la necesidad de que en México haya un proceso transparente y participativo en la construcción de la Ley General de Agua. Hay una exigencia al gobierno porque éste ya inició ese proceso, pero es mucho más académico y no está recogiendo las propuestas de los pueblos, dice María González.