La ley federal contra el lavado de dinero es una carga más para los ciudadanos de todas las regiones del país, por la ineficacia y la ausencia de investigación de las autoridades en torno a las actividades financieras de la delincuencia organizada, sostuvo Tomás Torres Mercado, diputado federal, quien participó en los debates sobre dicha legislación en el Senado de la República.

El representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Lázaro advirtió que con dicha norma, promulgada por el Ejecutivo, se fortalece la presunción de culpabilidad y no de inocencia, porque cualquier ciudadano que maneje más de 30 mil pesos en efectivo será considerado sospechoso. En 45 por ciento de los municipios del país no existen sucursales bancarias. Entonces, ¿cómo se van a realizar las operaciones respaldadas por instituciones bancarias cuando éstas no existen? Ese ordenamiento no es la panacea y sólo va a generar una expectativa falsa entre la sociedad, miles de espots, pero no investigación especializada, ironizó.

Sin duda, expuso, la ley para combatir el uso de recursos de procedencia ilícita es una herramienta que Felipe Calderón pidió. No sólo fue receptor de ella, sino le concedieron las reformas al sistema de seguridad y al Código Federal de Procedimientos Penales, que fueron modificados por la presión y demanda del Ejecutivo federal.

–¿Afectará esta ley no sólo a los delincuentes, sino al ciudadano común? –se le preguntó.

–Tiene como propósito controlar las operaciones no sólo con recursos de procedencia ilícita, sino cualquier transacción de los ciudadanos cuando las realicen en efectivo. También por transferencia electrónica, títulos o valores que dejen huella financiera.

Las operaciones inmobiliarias

En la nueva legislación se establece que las operaciones inmobiliarias de compraventa o que tengan como propósito trasladar el dominio sólo pueden hacerse por un millón de pesos en efectivo; se topa también la adquisición de joyas y automóviles hasta por 200 mil pesos.

Se considera que cuando las transacciones inmobiliarias las realicen fedatarios públicos deberán quedar antecedentes que emprendan dichas operaciones.

“Esto deja huella del circuito que sigue el dinero. Puede ser un instrumento positivo –la ley–, pero, sin embargo, hay un aspecto no debatido aún, y menos operado. La leyes penales en todo el mundo establecen que el delito de lavado de dinero está subordinado a la comprobación del ilícito principal; es decir, para procesar a alguien por lavado es necesario comprobar que los recursos son producto de una operación ilícita, de un acto jurídico o de un hecho principal.

Eso es un inconveniente, y para que la ley pueda soportar el debate de inconstitucionalidad no sólo se debe argumentar que es suficiente detener a alguien con dinero. Eso es lo que tiene de cuestionable la ley, porque entra en contradicción con el tema de la presunción de inocencia.

El diputado explicó que la nueva norma sobre lavado presupone la culpabilidad del ciudadano y no la inocencia. Eso es el fondo y será muy cuestionado. Es la parte medular por lo que hace al hecho principal o el ilícito, lo que evidenciaría una tendencia a presuponer culpabilidad.

Por ejemplo, “ya sabemos que hay una unidad de inteligencia financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda, y ahora la Procuraduría General de la República se encargará de ese tema. En el primer caso resulta preocupante que haya miles de denuncias y no exista una docena de procesos por lavado de dinero. No quiero ser escéptico, pero la norma tiene esos frentes.

Esa ley es una carga más para los ciudadanos, ante la ineficacia y ausencia de investigación de las autoridades en México. Cualquiera que lleve 50 o 100 mil pesos será considerado culpable. A ello se sumará que la ciudadanía se encontrará indefensa, porque en 45 por ciento del territorio nacional no existen bancos.

También Ricardo Monreal, coordinador del partido Movimiento Ciudadano en San Lázaro, consideró que con la aplicación de dicha norma resultarán afectados los ciudadanos, porque quienes realicen operaciones por 30 o 40 mil pesos serán sospechosos de pertenecer a la delincuencia organizada. A quienes hay que afectar es a los grandes capos que se encuentran en los bancos como Monex, apuntó.