De julio de 2011 a septiembre de este año, la Procuraduría General de la República (PGR) despidió a 132 servidores públicos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, antes Siedo), por no haber acreditado los exámenes de confianza, independientemente de la pesquisa en curso por el presunto involucramiento de ministerios públicos y fiscales con una red de corrupción que vendía datos de averiguaciones previas a grupos criminales.

Más de 80 ex funcionarios de la Seido fueron cesados en el último semestre de este año, una vez que se reforzó el programa de fiscalización y certificación profesional, dijeron fuentes federales.

En el último año, de más de 500 personas que fueron sometidas a pruebas poligráficas, toxicológicas, de entorno social, médicas y sicológicas para ingresar a esa subprocuraduría, solamente 100 acreditaron la batería de exámenes, señalaron las fuentes consultadas.

En días pasados La Jornada informó que la Seido investiga a servidores públicos de ese organismo de la PGR por entregar información de averiguaciones previas, cateos y operativos de detención a grupos criminales como Los Zetas y el cártel de Sinaloa, y que siete personas ya fueron detenidas y se encuentran sujetas a proceso penal a raíz de una investigación iniciada el 1º de febrero de este año, y puesta a consideración de jueces federales el pasado 21 de junio.

Entre los involucrados en venta de información se encuentra el abogado José Gerardo Ortega Maya, ex yerno de Luis Ruano Angulo, segundo secretario de Marina durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari; Juan Carlos de la Barrera Vite, ex empleado del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Manuel Arroyo Hernández, ex funcionario adscrito al cuerpo técnico de la subprocuraduría especializada.

Según la PGR, en los últimos 18 meses ha sido evaluado más de 50 por ciento del personal de la institución, y de diciembre de 2006 a marzo de 2011 otro 38 por ciento, y el compromiso de la procuradora es que al término de su administración todo el personal haya sido evaluado.