En los primeros nueve meses de 2012, 39 militares de diversos rangos tramitaron amparos ante el Poder Judicial federal debido a que enfrentan proceso en el fuero de guerra por delitos contra la salud y por otras conductas ilícitas cometidas durante los operativos antidrogas que despliega el Ejército Mexicano desde hace seis años en el país, entre los que destacan posesión de mariguana con fines de comercio, colaboración para el traslado de drogas, fomento para posibilitar la siembra y cosecha de mariguana y comercio de cocaína, lesiones y homicidio.

Según consta en estadísticas elaboradas por los más de 700 juzgados y tribunales federales, entre enero y septiembre pasado se han tramitado al menos 39 demandas de garantías, de las cuales se han concedido cuatro amparos a militares quejosos, 22 juicios han quedado sobreseídos (cancelados por notoria improcedencia, con el argumento de que no es el momento procesal oportuno para que los uniformados recurran al juicio de amparo, pues antes deben agotar todas las instancias ante la justicia militar) y las restantes están en trámite.

Los informes estadísticos indican que la mayoría de estas demandas han sido canceladas y desechados los juicios en atención a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al fuero de guerra.

La Corte resolvió en septiembre pasado que los tribunales militares son competentes para juzgar a militares acusados por delitos contra la salud en los que no estén involucrados civiles como víctimas o cómplices.

La decisión de la SCJN fue relevante para la Secretaría de la Defensa Nacional, que en febrero pasado reconoció la existencia de al menos dos docenas de juicios en contra de militares procesados por diversos delitos que se vinculan con acciones derivadas de la lucha contra el crimen organizado que emprendió el presidente Felipe Calderón al inicio de su sexenio.

El Poder Judicial federal ha tramitado, en su mayoría, juicios de garantías relacionados con delitos contra la salud, y en la mayoría de los casos los jueces federales han emitido criterios en el sentido de que los militares que coadyuvan o colaboran con el crimen organizado deben ser sancionados ante los tribunales penales (de carácter civil).

El mes pasado, la Corte analizó 11 asuntos sobre fuero militar, como parte de una discusión jurídica que inició desde el pasado 6 de agosto. La mayoría de los 11 ministros coincidieron en señalar que los delitos cometidos por militares que se relacionen con conductas ilícitas materializadas durante los operativos antidrogas deben pasar a jueces ordinarios, siempre y cuando estén involucrados en el caso civiles, pues tal es el alcance del artículo 13 de la Constitución que establece el fuero de guerra.

Este argumento toral de la SCJN ha obligado a los jueces y magistrados federales a respetar ese criterio y desechar la mayoría de las peticiones de militares procesados que buscan ser sentenciados por jueces castrenses.