la cúpula empresarial se le cuecen las habas, y por lo mismo ya ni siquiera las formas guarda. Instalada en la filosofía del haiga sido como haiga sido, apura al Senado para que apruebe, sin enmienda ni modificación alguna, la (contra) reforma laboral que ya palomeó la Cámara de Diputados. Eso de la transparencia y la rendición de cuentas se lo pasa por la entrepierna, porque lo único que le interesa es el abaratamiento (aún más) de la mano de obra y la flexibilización (ídem) del mercado laboral. Si, producto de ello, los trabajadores caen por hambre, será problema de ellos, porque ella lo único que quiere es mantenerse en el sentido correcto.

Que se acabe el bla, bla, bla, exige el Consejo Coordinador Empresarial (¿avanzamos o seguimos dando vueltas?, proclama), que lo de menos es el bienestar social, mientras a los senadores les lee la cartilla: “en sus manos está decidir si el país avanza hacia un entorno de mayor crecimiento y empleo, como lo prometieron en sus campañas electorales, o se mantiene en la inmovilidad… Ya hemos desperdiciado muchos años, dejando pasar oportunidades que otras naciones sí han aprovechado”. Ahora sí está muy preocupada la cúpula del CCE por el cumplimiento de promesas de campaña, cuando a lo largo de los últimos cinco sexenios, cuando menos, de todas las realizadas por los futuros inquilinos de Los Pinos, todas fueron incumplidas, salvo, desde luego, las realizadas por los candidatos a favor del gran capital.

En el exceso, el organismo patronal asegura estar dispuesto a sacrificar recursos, pues aun cuando esta reforma implicaría costos y cargas adicionales para las empresas, nuestra prioridad es avanzar con una visión de país y concretar los cambios que nos beneficien como sociedad. ¡Zas! Les abaratan aún más el costo de la mano de obra, y el organismo patronal habla de sacrificios y de asumir costos y cargas adicionales. ¡Qué cosa!: patriotas y entregados a las mejores causas nacionales. Con este tipo de empresarios, no hay que buscar enemigos en otras partes.

Que se apuren, pues, porque a ellos les urge, pero nada dicen sobre cómo contribuirán a resolver el peligroso escenario laboral, entre cuyas gracias está lo siguiente: salarios miserables, más de 14 millones de mexicanos en la economía informal; 13 millones de trabajadores sin contrato; 30 millones con ocupación pero sin seguridad social; 6.7 millones que cuando mucho obtienen un salario mínimo; 4 millones sin remuneración de ningún tipo; sólo uno de cada tres en la economía formal, y por el estilo. Entonces, ¿la urgencia del sacrificado CCE incluye la solución de esta espeluznante realidad? O como plantea el Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tec de Monterrey, campus estado de México, ¿la reforma laboral resuelve dichos problemas? De hecho ese terrorífico balance tendría que ser rotundamente distinto (para bien, desde luego) si los integrantes del citado consejo hubieran cumplido con la ley vigente y se hubieran aplicado a generar empleo formal.

Uno de los argumentos centrales que se han usado para aprobar la reforma, explica el CIEN, es que con ella se incrementará la productividad de la economía mexicana, pero el mecanismo planteado no necesariamente lo garantiza. Por ejemplo, cita el artículo 153-A de la propia iniciativa caderonista: los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores, algo, por lo demás, plasmado en la Ley Federal del Trabajo, pero incumplido por muchos patrones.

En resumen, anota, deben instrumentarse planes y programas donde la responsabilidad de proporcionar la capacitación y el adiestramiento sea de los patrones. ¿Por qué no se instrumentan en la actualidad? ¿Acaso las empresas no capacitan a su personal? Evidentemente un número importante de empresas busca seguir preparando a su personal, principalmente, las medianas y grandes empresas, por lo que en esos grupos el artículo difícilmente tendrá algún efecto sustantivo. Lo descrito no es algo menor, ya que existen al menos dos aspectos adicionales a resaltar: ¿Quién capacitará a los trabajadores? ¿El tratamiento para las empresas será igualitario independientemente de su tamaño?

El propio artículo 153-A señala que la capacitación se realizará por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se establezcan. También indica que las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como los instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizados y registrados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En otras palabras, previo a iniciar los procesos de capacitación se deberá realizar uno, a nivel nacional, en el que la STPS deberá generar un padrón donde quede establecido quién cuenta con su aval para poder impartir los cursos. Esto implica que la dependencia federal deberá establecer, para cada sector de la economía y con todos los diferenciales adecuados, las características que se deben cubrir. ¿Estará en capacidad de realizarlo con la rapidez y profundidad que se requiere? Este aspecto es fundamental, ya que el argumento es que se busca incrementar la productividad y ello se logra con capacitación, educación y adiestramiento, tal como se indica en el artículo 153-C.

Los impactos en productividad serán heterogéneos y no necesariamente terminarán por beneficiar a los trabajadores en la forma planteada. Se establece que en las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán Comisiones Mixtas de Capacitación, Adiestramiento y Productividad, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones. El primer aspecto a citar se refiere a que dichas comisiones abarcarán a una minoría, porque de acuerdo con el Inegi sólo 2 por ciento de las unidades económicas en el país tiene más de 50 trabajadores; el resto es considerado micro o pequeña empresa. Por tanto es claro que en la práctica no se está considerando la organización industrial del país, el tamaño de las empresas y, por ende, el hecho de que dichas comisiones solamente favorecerán a los patrones que ya cuentan con mayores recursos.

Las rebanadas del pastel

Pero al CCE le urge, y sin enmienda ni modificación alguna.

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