nte la realidad dramática de los pueblos indígenas de México, pareciera que las palabras sobran. Casi 7 millones de personas mayores de 5 años hablan una lengua indígena. En la etapa que va de 2008 a 2010, los indígenas pobres aumentaron de 75.9 a 79.3. En 2010, 5.4 millones de indios se encontraban en pobreza; 2.7 en pobreza extrema y 2.7 en pobreza moderada.

Con base en estimaciones del Coneval y en la Encuesta de Ingreso Gasto 2008 y 2010, la pobreza se ubicaba en un promedio nacional de 44.5 por ciento en 2008 y de 46.2 por ciento en 2010, mientras que en la población indígena, ésta casi se duplicaba. En 2008, 75.9 de los indígenas era pobre y en 2010 este rubro ascendía a 79.3 por ciento. Es decir, ocho de cada 10 indígenas estaban en condiciones de pobreza.

De acuerdo con el Coneval, 52 por ciento de la población nacional vive con un ingreso por debajo de la línea de bienestar general, mientras que en la población indígena este rubro asciende hasta 80.3 por ciento. De igual manera, el 19.4 por ciento de la población mexicana tiene un ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, en las poblaciones indígenas este indicador es del 52%. Esto revela la realidad contrastante entre los promedios nacionales y la situación dramática que viven las comunidades indígenas.

En cada uno de los indicadores del Coneval, las carencias nacionales y las que padece la población indígena, son abismales.

En materia de rezago educativo, la media nacional es de 20.6 por ciento y en los indígenas es de 48.6 por ciento, en carencia de servicios de salud, el país tiene un déficit del 31.8 por ciento y con los indígenas esto asciende a 37.2 por ciento; en el caso de carencias por seguridad social, en el país es de 60.7 por ciento y con los indígenas de 83.5 por ciento; en cuanto a las carencias de calidad de espacios en la vivienda, el porcentaje nacional se ubica en 15.2 por ciento y en las comunidades indígenas en 42 por ciento; sobre la carencia de servicios básicos en la vivienda, el promedio nacional asciende a 16.5 por ciento y con los indígenas a 50.6 por ciento; y en cuanto a la carencia de alimentación, el promedio nacional es de 14.9 por ciento, mientras en las zonas indígenas registra un 40.5por ciento.

Junto a estas cifras, los pueblos indígenas tienen otro tipo de desventajas, entre ellas una gran vulnerabilidad por desigualdades culturales, sus economías son, en el mejor de los casos, dispersas; tienen una insuficiente capacidad de negociación y sus intercambios comerciales son, en la mayoría de los casos, desiguales. La gestión de sus asuntos es, por lo general, débil en lo jurídico, lo político y lo social, debido a deficiencias en la representatividad de su condición étnica, y a la de sus propias organizaciones ante las instituciones republicanas.

Ante ello, habría que preguntarnos por qué si los indígenas tienen todas las características para ser catalogados como sujetos prioritarios del desarrollo social y han contado con apoyos gubernamentales, se mantiene un rezago insultante.

Algunas de las respuestas que habría que anotar ante este cuestionamiento, podrían ser las siguientes:

1. Con los pueblos indígenas, no fracasó una política pública; fracasó el liderazgo del Estado. 2. La opresión y la marginación se impusieron sobre las obligaciones del Estado, orientando los recursos destinado a este sector, a otros asuntos, reduciendo los impactos del gasto social destinado a los indígenas. 3. El desarrollo social hacia los indígenas ha sido paliativo, porque carece de una visión socio-política, vinculada a cambios estructurales. 4. La inversión social, no se ha ocupado de lograr efectos estratégicos, orientados a cambiar factores estructurales, que provocan el rezago social de los indígenas. 5. El Estado perdió el liderazgo social en la materia, porque no ejerció una política de Estado, para garantizar los derechos indígenas, ni abordo estructuralmente su rezago.

Ante ello cuatro orientaciones estratégicas prioritarias, pudieran constituir el inicio de una reformulación estratégica del Estado:

1. La base del nuevo desarrollo social para los indígenas, deberá ser el compromiso de garantizar plenamente sus derechos constitucionales.

2. El nuevo desarrollo social deberá tener como propósito modificar las condiciones estructurales que han frenado el bienestar de los indígenas.

3. El gobierno deberá respetar e impulsar la construcción de un proyecto social indígena, surgido endógena y autónomamente.

4. Pero sobre todo, el gobierno deberá proponer el proceso de cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés Larráinzar y construir una salida justa y digna al conflicto, entre el Estado mexicano y el EZLN. Estos acuerdos fueron construidos al amparo y con el respaldo de todas las instituciones del Estado mexicano. El incumplimiento por parte del gobierno federal no sólo es injustificable, sino además las cifras aquí mostradas expresan el fracaso de quienes creyeron que con discurso, demagogia y descalificaciones podían modificar una realidad que reclama compromiso, acción, voluntad política y respeto a los pueblos originarios de México y sus ancestrales demandas.