Diputados locales de PRD, PAN, PRI y PT cuestionaron a los jueces de distrito que otorgan, sin mucho rigor o con sesgo de discrecionalidad, suspensiones provisionales de amparos para que evadan la ley lo mismo conductores en estado de ebriedad, que dueños de antros, taxistas piratas o constructores de obras irregulares. Hicieron un exhorto al Consejo de la Judicatura Federal para que revise esa situación, e incluso consideraron factible modificar o actualizar la Ley de Amparo para hacer más drásticos los requisitos para la obtención de ese beneficio.

Entrevistados por separado, Daniel Ordóñez y Arturo Santana, del PRD; Olivia Garza, del PAN; Armando Tonatiuh, del PRI, y Ernestina Godoy, del PT, coincidieron, con sus matices, en que el otorgamiento de suspensiones provisionales de amparos genera entre algunos sectores de la sociedad capitalina la sensación de impunidad.

En una postura contrastante, el diputado perredista Antonio Padierna, y Jesús Sesma, coordinador del PVEM, manifestaron que la aplicación de la Ley de Amparo ha sido adecuada y no se requiere modificar ese marco legal federal, sino aplicarlo.

La petista Ernestina Godoy se manifestó en favor de que sea más riguroso el otorgamiento de suspensiones provisionales, pues hay casos en que se entregan con base en documentos falsos, lo que lleva a que se incurra en excesos en la obtención de ese recurso legal.

Arturo Santana dijo que los jueces de distrito dan sin ton ni son las suspensiones provisionales, pero no sólo en el ámbito administrativo, sino también en el penal, por lo que exhortó al Consejo de la Judicatura a revisar la forma en que se entregan dichos beneficios legales, pues parecería que el poder económico de algunos se sobrepone a las políticas de las autoridades.