Meses después de concluida la campaña, la aparición de Marcelo Ebrard en un espot del Movimiento Progresista durante el proceso volvió a dividir a los consejeros del Instituto Federal Electoral. Con una votación de siete a dos, la mayoría determinó que su presencia en el promocional –como posible secretario de Gobernación– no violentó la equidad de la contienda, ya que no hubo recursos públicos de por medio.

A instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que les devolvió el expediente para que el IFE investigara con mayor exhaustividad, se desató un debate en donde los consejeros Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero, así como el PRI, cuestionaron que aplicar ese criterio sólo alentará, en el futuro, la presencia de gobernadores y del Presidente de la República en las contiendas, incidiendo en las campañas políticas.

Con esta decisión –dijo Guerrero–, en prospectiva veremos la coparticipación de políticos en su calidad de funcionarios públicos y como políticos en campaña. Con ello veremos los cruces entre la propaganda de los gobiernos federal, estatales y municipales, con las campañas partidistas, y obligará a revisar, en contrasentido, los criterios sobre la imparcialidad de servidores públicos.

Durante la sesión, el IFE aprobó, sin mayor discusión, imponer multas al PRD –por 563 mil pesos–, al Partido del Trabajo –por 493 mil pesos– y al Movimiento Ciudadano –por 434 mil pesos– por la difusión del promocional Miles de pruebas, que se consideró calumnioso para el PRI y la cadena de tiendas Soriana, de los que se sugiere que actuaron en contubernio para favorecer la compra y coacción del voto, considerada delito electoral.

De igual forma, se integró un grupo de trabajo para la elaboración del Libro blanco, en el cual se incluirá, dijo Baños, promotor de la propuesta, los puntos de vista de todos los partidos y consejeros electorales sobre la organización de los comicios. Con base en las experiencias también sugerirá al Congreso propuestas de modificaciones en el marco legal.

Sin embargo, el tema suscitó críticas del PRD sobre la conformación del grupo y sobre una posible visión parcial del proceso, además de que el PAN demandó que se aborden ampliamente temas como la fiscalización de gastos de campaña, a partir del caso Monex y de actos anticipados de campaña, relacionados con las agrupaciones civiles que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador previamente a la campaña.

El caso Ebrard motivó posiciones encontradas, aunque de forma mayoritaria los consejeros avalaron que su presencia en el espot, al no acreditarse desvío de recursos públicos, no afectaba la equidad ni violaba la legislación. El consejero Benito Nacif destacó que el promocional estaba amparado en el derecho de los partidos de incluir la mayor información relevante posible al electorado.

Guerrero y Baños fundamentaron su demanda de que la queja debía considerarse fundada –contrariamente al proyecto– porque era evidente que la presencia de un jefe de gobierno en los espots incidía en los votantes. En respuesta, la consejera María Marván dijo que esa postura implicaba sobreinterpretar los alcances del espot y suponer que necesariamente la influencia iba a ser positiva a favor del partido y no generar efectos contrarios.

En medio del debate, los perredistas Camerino Márquez y Rosendo Medina reivindicaron la participación de Ebrard como parte de la libertad de expresión de un ciudadano y consideraron que sería un error que el IFE pretendiera, sin fundamento legal, sancionarlo.