El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) interpuso ayer un incidente de apercibimiento en contra de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), debido a que esta instancia no ha cumplido con la sentencia que emitió un tribunal en el amparo directo –juicio de garantías– para que se reconozca que los 16 mil 599 trabajadores no liquidados de Luz y Fuerza del Centro tienen un patrón sustituto, que es la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La JFCA tenía 24 horas para emitir el laudo en este sentido y no sólo no lo ha hecho, sino que incluso advirtió a los dirigentes de este sindicato que el análisis de la sentencia del segundo tribunal colegiado en materia de trabajo podría llevarse de una a dos semanas más.

Luego de haber interpuesto este recurso legal en el Palacio de Justicia de San Lázaro, integrantes del comité ejecutivo del SME se reunieron con legisladores de las cámaras de Diputados y de Senadores.

En la primera, con el Frente Legislativo Progresista que integran los partidos PRD, PT y Movimiento Ciudadano acordaron acciones jurídicas y políticas para dar viabilidad al amparo concedido por el Poder Judicial.

Asimismo, los senadores que integran este Frente, el SME solicitó que se emita un exhorto al presidente de la JFCA, Eduardo Andrade Salaverría, para que dé cumplimiento a la resolución emitida por el Poder Judicial, en el que reconoce que “todos los despidos fueron injustificados, que no existió causa de fuerza mayor para los despidos de los trabajadores del SME, que se mantienen las relaciones labores y se establece la responsabilidad de la CFE como patrón sustituto de los trabajadores.

Entrevistados antes de que presentaran el incidente de apercibimiento contra la Junta, el líder del sindicato, Martín Esparza, y el secretario del exterior, Humberto Montes de Oca, sostuvieron que la Junta fue notificada de inmediato de la sentencia definitiva emitida por un tribunal, y tenía 24 horas para emitir el laudo correspondiente; sin embargo, el lunes pasado Andrade Salaverría informó a los trabajadores que se está analizando el expediente y que para dictar el laudo se podría llevar de una a dos semanas más. Lo que es una táctica dilatoria.

No tenemos nada que negociar, sólo deben cumplir la ley: Esparza

En la Cámara de Diputados, el acuerdo entre el SME y el Frente Legislativo Progresista es impulsar acciones jurídicas y políticas para dar viabilidad al amparo concedido por dicho tribunal a los trabajadores de la desaparecida compañía Luz y Fuerza del Centro, y que se les retribuyan los salarios caídos de tres años a la fecha. También determinaron emprender diversas actividades en el terreno jurídico para que la CFE recontrate a los miles de empleados despedidos.

Los integrantes del SME pidieron a los legisladores que se presupueste el pago de los salarios caídos de los 16 mil 599 trabajadores que se ampararon.

En la Cámara de Senadores el dirigente denunció: La semana pasada fuimos a la JFCA a preguntar por qué no habían acatado la resolución y nos dijeron que teníamos que ir a negociar esto políticamente a la Secretaría de Gobernación. No, no tenemos nada que negociar, simplemente deben cumplir la ley.

Manuel Bartlett (PRD) dijo que presentará en la sesión de este jueves, en nombre del Frente Legislativo Progresista, el punto de acuerdo para exhortar a autoridades laborales a acatar el fallo y que podrían unirse con los diputados que diseñan la estrategia para que se respete la sentencia del tribunal que busca evitar que quede impune la decisión del presidente Calderón.

El abogado Carlos De Buen explicó a los senadores que aunque el tema de fondo está resuelto, Gobernación planteó promover un recurso de revisión de sentencia, y con ello se puede dar el caso de que el conflicto se resuelva en 15 días o se prolongue por años, lo cual provocará que el Estado pague más por salarios vencidos que ascienden a 20 mil millones de pesos.

Fabiola Martínez y Jesús Aranda

El gobierno federal presentará la próxima semana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de revisión al amparo directo concedido por un tribunal colegiado en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Fuentes judiciales precisaron que la impugnación sólo procedería en caso de que la autoridad federal demuestre que quedaron pendientes de resolverse cuestiones de constitucionalidad. Sin embargo, añadieron que éste no es el caso, porque cuando la segunda sala de la SCJN conoció el caso lo envió al tribunal colegiado, porque el tema era de legalidad, no de constitucionalidad.

Agregaron que la decisión del 13 de septiembre del tribunal referida a que el gobierno federal no demostró que la extinción de Luz y Fuerza fuera por causa de fuerza mayor y que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el patrón sustituto los trabajadores electricistas se basó en la Ley Federal del Trabajo y en tesis de jurisprudencia de la propia Corte. Por lo que, es muy difícil que el recurso de revisión sea admitido por la justicia, indicaron los informantes.

Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón argumenta que la sentencia del tribunal no es definitiva e insiste en que existió una causa de fuerza mayor para dar por terminada las relaciones de trabajo en la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), por lo que no se actualiza la figura de sustitución patronal.

Según esta perspectiva, el cierre del organismo que suministraba energía eléctrica a la zona centro del país tuvo como finalidad reducir costos que tenía para los ciudadanos sostener una empresa con bajos estándares de eficiencia. 

Un documento de Gobernación reafirma que en el proceso de extinción de LFC (mediante decreto emitido el 11 de octubre de 2009) se han respetado a cabalidad todos los derechos de los ex trabajadores. Subraya que la SCJN validó la constitucionalidad del decreto de extinción de ahí que la decisión, además de constitucional, es irreversible.

Poco más de 16 mil 500 trabajadores, de una plantilla de 44 mil empleados, del extinto organismo no han cobrado su liquidación y permanecen en resistencia a la espera de ser reinstalados.

El subsidio destinado a LFC en 2009 fue de más de 42 mil millones de pesos, monto que equivale al presupuesto anual del Programa Oportunidades, al doble del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México o a la mitad del presupuesto total de la Secretaría de Salud, agregan en Gobernación.