La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita coloca bajo sospecha a todas aquellas personas que puedan ahorrar para realizar compras en efectivo y, aunque no es su propósito, mete un control en términos fiscales que elevará en forma marginal la recaudación tributaria, afirmó Raymundo Tenorio Aguilar, director de la carrera de Economía de la Escuela de Negocios del campus Santa Fe del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Describió: Esta ley coloca bajo control operaciones que eran lícitas, como la compra con dinero en efectivo de automóviles, terrenos o casas en la República, o la compraventa de ganado y muchas transacciones más que continuarán haciéndose en efectivo, porque no hay servicios financieros en muchas localidades y, por lo mismo, al no estar bancarizadas la población no tiene el dinero depositado, porque ni siquiera hay una sucursal bancaria en ese lugar. Lo que hace la ley es poner en duda los medios con que se pagan aquellas transacciones que son de origen lícito.

–¿Esto implica un problema grave para las transacciones?

–Fundamentalmente va a ser más lento el proceso de compra- venta. El hecho de que ahora un notario diga que entre dos personas no se puede adquirir un terreno en efectivo, porque el comprador tiene que ir por un cheque de caja, lo que acarreará es que se hagan más lentas este tipo de transacciones que todavía se llevan a cabo de manera expedita.

–En términos de costo, ¿la ley antilavado será benéfica?

–Sí, yo creo que es benéfica, porque hay muchas transacciones que se realizan en efectivo y no cubren impuesto alguno.

Entonces, si el dinero se bancariza y procede de una cuenta de cheques o de un cheque de caja, en consecuencia existe la posibilidad hipotética de cobrar más impuestos, que no es lo que persigue la ley, pero a final de cuentas el controlar transacciones de este tipo redundará en un marginal cobro adicional de impuestos.

El académico del ITESM precisa que tal como está la ley contra el lavado de dinero plantea muchas hipótesis que no serán despejadas hasta que se cuente con su reglamento.

–Pero por lo pronto la ley coloca bajo sospecha a personas que pueden ahorrar en efectivo para pagar de contado las transacciones que realizan...

–Definitivamente sí.

–Esto trastoca el sentido del ahorro, uno de los valores fundamentales inculcados a la población durante muchos años...

–Pues más que valores son garantías individuales –precisó.

–El narcotráfico maneja en México una cantidad enorme de recursos monetarios. Las agencias estadunidenses antinarcóticos hablan de cantidades mucho más grandes que las calculadas por la Secretaría de Hacienda. ¿Persiguen el dinero o a los narcos?

–Así es –responde escueto.

–El sistema financiero mexicano se ha prestado a operaciones de lavado de dinero, como las que llevó a cabo el banco HSBC, pero aquí nadie parecía quejarse y ahora todos aplauden una ley que tiene buenas intenciones, pero coloca a todo mundo bajo sospecha. ¿Cuál sería entonces su beneficio?

–El beneficio es que mete bajo control operaciones que incluso evaden impuestos, como pueden ser, le repito, transacciones de compraventa de bienes inmuebles, automóviles, terrenos, y mete también un control en términos fiscales.

–¿Entonces hicieron una ley antilavado para recaudar más impuestos?

–No hay un cálculo explícito para determinar cuánto se recaudaría con esta ley, pero es un hecho de que sí hay la posibilidad de captar más impuestos.

–¿Cree que esa recaudación será realmente importante?

–No. Lo que yo creo es que los efectos recaudatorios son marginales. Quizá uno de los impuestos que más se beneficie en su recaudación sea el aplicado a los depósitos en efectivo, que será marginal. Con ello estoy diciendo que andará entre 15 y 20 por ciento de más.

–¿Algo más que quisiera usted señalar acerca de esta ley?

–Por ahora habrá que esperar el reglamento. Es muy importante, porque allí estarán en cuerpo y alma las transacciones límite a poderse efectuar en efectivo y las operaciones que tengan que ser reportadas por notarios públicos y también por bancos.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita entrará en vigor dentro de nueve meses, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, lo cual ocurrió ayer.