El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con la finalidad de que el titular del Ejecutivo, por conducto de las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República, atiendan a las víctimas de las armas que fueron introducidas al país como parte del operativo Rápido y furioso.

Desde hace dos semanas se propuso que el gobierno federal emprendiera las acciones descritas. Debido a la presión del Partido Acción Nacional, el punto de acuerdo no fue aprobado, ya que pretendía que Felipe Calderón castigara a los funcionarios responsables de ese tráfico ilegal de armas.

Ayer, el punto de acuerdo fue aprobado una vez que fructificó la presión de Acción Nacional para que de su contenido se borrara la demanda de castigar a quienes permitieron el ingreso del armamento a suelo mexicano.

En el intento inicial de aprobar la solicitud a Felipe Calderón, la diputada del PRD, Aleida Alavez, y el petista Manuel Huerta, habían incluido en su solicitud el exhorto “al titular de Poder Ejecutivo Federal para que mediante la Secretaría de Gobernación en coordinación con los titulares de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Relaciones Exteriores, proporcione a la población mexicana, con la máxima apertura posible, los detalles de las acciones e investigaciones que se realicen para determinar la responsabilidad de funcionarios mexicanos y del gobierno estadunidense, y exigir la reparación de daños de las víctimas de las matanzas en las que se usaron armas provenientes del operativo Rápido y furioso”.

Tal parte del texto fue borrado íntegramente, y sólo quedó en el punto de acuerdo la demanda que contiene la siguiente solicitud: “Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en términos del párrafo tercero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantice la investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos, de las víctimas y de sus familiares, afectadas por la instrumentación en México del operativo Rápido y furioso”.

Sobre el particular, Manuel Huerta expuso en tribuna que la finalidad del exhorto a Felipe Calderón es contribuir al cumplimiento de la obligación del Estado de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos que han sido víctimas de la delincuencia organizada, y que adquirió armas de un fallido operativo dirigido desde la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, del departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos.

La pasividad de las dependencias de seguridad o la opacidad en la información ante los crímenes ejecutados con las armas señaladas, expresan indicios de complicidad al ocultar información e incumplir la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

En su turno, la vicepresidenta de la mesa directiva, Aleida Alavez, refirió que la exigencia al gobierno federal de brindar toda la información relativa a Rápido y furioso se convirtió en un reclamo social, que lamentablemente no ha sido escuchado por el titular del Ejecutivo federal.