El gobierno de Estados Unidos ha deportado a 527 mexicanos en las últimas dos semanas, como parte del Procedimiento de Repatriación al Interior de México (Prim), que sustituyó al Programa de Repatriación Voluntaria al Interior, que se aplicó por ocho años para regresar a los migrantes que fueran detenidos en el desierto de Arizona durante los episodios de más calor.

Un informe del Instituto Nacional de Migración (INM) destaca que para noviembre se espera la repatriación de al menos 2 mil 400 mexicanos desde el país vecino, quienes serán entregados a autoridades mexicanas en sus respectivos lugares de origen.

Los connacionales devueltos bajo este esquema provienen de centros de detención en los que fueron recluidos por delitos migratorios, en su mayoría por haber reincidido en el cruce ilegal de la frontera o tienen procesos judiciales pendientes en México.

De acuerdo con el informe, esta repatriación inició el 1º de octubre, cuando desde El Paso, Texas, partió hacia la ciudad de México un vuelo con los primeros 131 deportados, seguido de otro, con 132.

Entre las entidades hacia las que fueron enviados los repatriados destacan Michoacán, Hidalgo, Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla, trascendió.

El programa de repatriación voluntaria, que pagado por Estados Unidos, fue suspendido este año y en su lugar se anunció el nuevo procedimiento en el que interviene, además, la Organización Internacional para las Migraciones.

La finalidad del nuevo procedimiento –según el memorando de entendimiento en el que ambas naciones basaron su aplicación– es salvaguardar la integridad física y la seguridad de los migrantes, pero no participan los que residan en alguna entidad fronteriza o en Baja California Sur.

Este nuevo procedimiento incluye el intercambio de información entre las dependencias competentes para combatir la impunidad, dando oportunidad al cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales pendientes en México, es decir la mayoría de los repatriados son eventuales delincuentes con presuntas cuentas pendientes que pagar en nuestro país, y no sólo migrantes.